Cada verano, la sanidad pública tiene un problema: las vacaciones dejan diezmadas unas plantillas ya de por sí insuficientes—se calcula un déficit de 5.874 doctores en toda España— y es imposible contratar médicos para suplir todas las vacantes. Sencillamente, no hay. Este año el sistema se topa con una dificultad añadida: el recurso de contratar temporalmente a los MIR que terminan la residencia para cubrir el periodo vacacional no se podrá emplear; normalmente la finalizan en mayo, pero los que se incorporaron en 2020 no lo hicieron hasta septiembre por culpa de la pandemia, así que los de especialidades de cuatro años (la mayoría, unos 5.800 profesionales) no concluyen hasta justo después del verano. Estarán en los hospitales y los centros de salud, pero siguen en formación y no son completamente autónomos.
Esto ha desatado una guerra política. Las comunidades gobernadas por el PP (también el País Vasco, por el PNV), anticipando un “verano complicado”, han pedido al Ministerio Sanidad que tome cartas en el asunto. Que haga algo para solucionar la situación. La titular de la cartera, Mónica García, ha respondido reiteradamente que son las autonomías las que tienen competencias en la gestión de la asistencia sanitaria, que son ellas las que dimensionan sus plantillas, que saben desde hace cuatro años que se iban a encontrar con este problema, y que no pueden acortar el periodo de residencia o dejar que los MIR actúen como especialistas sin ningún tipo de supervisión, como han insinuado algunos consejeros, porque supondría quebrantar la ley.
Sanidad envió el 11 de junio una carta a las comunidades autónomas, que remite a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) y al real decreto 183/2008, que la desarrolla: “Estos principios incluyen la asunción progresiva de responsabilidades por parte de los residentes y un nivel decreciente de supervisión a medida que avanzan en su formación. En el caso concreto de Medicina Familiar y Comunitaria, el programa formativo establece que los residentes de cuarto año deben ser capaces de hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta, sin la presencia del tutor, aunque con la posibilidad de recurrir a él en caso de duda o ante situaciones complejas”.
La mayoría de las preocupaciones sobre las carencias del verano se centran en los médicos de familia por varias razones. La primera es que es de por sí la especialidad con más déficit de profesionales —4.500, según un informe reciente encargado por el Ministerio de Sanidad— en medio de una demanda creciente de asistencia que se disparó durante la pandemia. También porque son estos especialistas los que atienden tanto en los centros de salud como en las urgencias hospitalarias, los puntos más críticos durante las vacaciones veraniegas.
Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), explica por qué: “La atención hospitalaria se puede reorganizar en verano cerrando camas [este verano estarán operativas 10.000 menos, según el sindicato de enfermería Satse], programando las citas en otras fechas, postergando las operaciones no urgentes, para atender con menos personal. Pero esto en la primaria y las urgencias, por su propia naturaleza, es imposible. De hecho, en los lugares turísticos, la demanda no es que baje, sino que sube mucho en estos dos ámbitos”.
La CESM augura grandes dificultades en zonas costeras de Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, donde la población se multiplica en la época estival y donde los planes de contingencia para el verano se han basado tradicionalmente en la contratación de estos MIR que siempre estaban disponibles a partir de junio para contratos estivales y que este verano seguirán completando su residencia. Este será inviable el fichaje de médicos que terminan su formación en otras comunidades con menos necesidad de profesionales en vacaciones.
“Sabemos que va a ser un verano muy complicado. La situación solo se va a paliar, que no solucionar, doblando turnos y pagando bien las horas extra a los médicos, que ya de por sí tienen una enorme presión asistencial”, razona Pedrera, que pide una solución para este problema estructural: “Hay que dimensionar las plantillas teniendo en cuenta vacaciones, bajas, asistencias a congresos. Si en un centro de salud hay cinco cupos, debería haber siete médicos”.
Para eso haría falta retener a los especialistas que se forman. Muchos de los de Atención Primaria, ante las malas condiciones laborales (demasiados pacientes, poco tiempo, pocos incentivos en zonas rurales) deciden irse a la privada, al extranjero o a las urgencias hospitalarias, mejor remuneradas. Las comunidades, de nuevo, miran al ministerio para que amplíe la convocatoria de MIR de familia, algo que, de hecho, lleva sucediendo desde 2017, y acentuadamente en los últimos años. Pero el problema es más profundo, muchas de esas plazas (246 este año) se quedan vacantes. No hay suficientes incentivos para que los recién licenciados quieran ocuparlas en determinados lugares, como la España vaciada.
Necesidades de las comunidades
Pero, ¿cuáles son exactamente las necesidades de las comunidades para el verano? Pese a que los consejeros llevan semanas poniendo el grito en el cielo por la necesidad de médicos, cuando se pregunta en sus departamentos, pocas tienen dimensionado cuánto personal falta para poder dar el servicio como merecería. O no lo revelan, a preguntas de EL PAÍS, que ha consultado a todos ellos. Como mucho, se limitan a constatar el número de residentes que no terminan este verano. Madrid dice que faltan 212 en los centros de salud; Murcia, que al menos 182.
Las demás no dan cifras de sus necesidades. Eso sí, todas las que responden, aseguran que garantizarán la asistencia. Pese al desastre que muchas auguraban en declaraciones en torno a las últimas reuniones que han tenido con la ministra, cuando se les pregunta, niegan la mayor. Madrid afirma que no cerrará consultorios ni camas. Andalucía, que viene pregonando desde mayo “un verano complicado” tampoco clausurará ningún centro de salud y hará, según la consejería, más contrataciones que el verano pasado (aquí incluye, más que médicos, otro personal sanitario). Castilla y León no cerrará “ningún consultorio” y tiene un plan para “salvar la sanidad este verano” con contratación de enfermeras y pago de peonadas a los médicos para trabajar por las tardes. En algunas comunidades, como Murcia o Aragón, admiten el cierre de un pequeño porcentaje de consultorios, pero argumentan que desplazarán a los pacientes a otros cercanos.
Imposible hacer una radiografía de cómo están planificados los recursos en todo el territorio o comparar la situación entre regiones. No solo porque cada comunidad autónoma facilita datos que son difícilmente homologables a las demás (si es que aportan alguno), sino porque cada una tiene unas necesidades asistenciales muy diferentes: en Aragón, por ejemplo, 126 centros de salud se reparten por un territorio siete veces más grande que Madrid, que sextuplica su población. La forma de repartir médicos y refuerzos no tiene nada que ver en una y otra. Tampoco es posible la comparación entre localidades que quedan a medio gas en verano con respecto a otras que llegan a multiplicar su población por 10.
Y, este verano, más que nunca, pese a las buenas palabras de las consejerías ―o del pesimismo según el momento―, no se sabrá hasta qué punto los recursos son escasos hasta que comiencen a entrar los pacientes por las puertas de las urgencias y los centros de salud.
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