El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado esta semana que los colegios y centros educativos de ocio y deporte cuenten con un ‘Coordinador de bienestar’ obligatorio para el ciclo 2022-2023.
Esta figura pretende servir de referencia en la prevención y protección ante casos de violencia en el entorno escolar, el conocido como bullying, en sus diversas formas (como acoso o maltrato). Por ello, todos los centros, ya sean públicos, concertados o privados, deberán disponer de este perfil, igual que la del ‘Delegado de protección’.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde su cuenta de Twitter ha criticado la medida, calificando esta figura de “comisarios políticos” para los colegios que, dice, pretenden “acabar con la libertad de profesores y alumnos”.
“Crean instituciones en paralelo a la legalidad, que se alimentan de dinero público y de victimismos, enfrentamientos incluidos, nuevas versiones de la lucha de clase”, agrega la dirigente madrileña en su mensaje de Twitter.
Un tuit que ha recibido la indignada respuesta de Alberto Reyero, quien fuera su consejero de Políticas Sociales hasta que dimitió en octubre de 2020 por las desavenencias con la presidenta sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.
Reyero ha mostrado su enfado en este mensaje: ”Ya está bien. Esta figura se aprobó en la ley de violencia contra la infancia en mayo de 2021 (artículo 35). Con el voto a favor del PP incluido. Con estos tuits populistas sólo se consigue socavar las instituciones”.
