Tras dos días de intenso debate, Sumar ha decido este miércoles abstenerse en la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley para reformar el Poder Judicial. La propuesta, acordada entre PP y PSOE la semana pasada en el marco del pacto para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, se somete a un primer debate en el pleno extraordinario que se celebra este jueves en la Cámara baja a partir de mediodía. La decisión implica una ruptura entre los socios de Gobierno en un tema altamente sensible como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque al contar con el sí de los populares, el apoyo de la coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz era innecesario para que la iniciativa saliese adelante. La votación es independiente de la de la elección de vocales también cerrada entre Gobierno y Partido Popular, en la que el socio minoritario sí ha reivindicado su aportación, y que apoyará.
La postura de las formaciones que integran Sumar no era coincidente. Más críticos, los regionalistas Compromís, Més y Chunta Aragonesista, eran partidarios de abstenerse, mientras Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid abogaban inicialmente por un “sí crítico”. Finalmente y después de varias reuniones, todas las partes han logrado consensuar una posición única.
Ya la semana pasada algunas organizaciones pusieron en duda el sentido de su voto, mostraron su malestar por la escasa información durante el proceso de negociaciones y cuestionaron que se les diese un texto “cerrado” y se “hurtase” al Congreso la capacidad de modificar la norma, ya que el acuerdo entre PSOE y PP impide que se acepten enmiendas.
Sumar ha decidido finalmente no presentarlas. “El motivo de la abstención es que las medidas son correctas pero insuficientes. Nos habrían gustado avanzar más en la democratización del Estado y, al no haber opción de emendar, nos abstendremos en esta proposición de ley”, confirman desde la dirección del grupo.
La coalición izquierdista propuso a dos de los diez magistrados del Consejo de la cuota del Ejecutivo —Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros— y ha presumido tras el acuerdo de esa aportación. “Desde Sumar hemos participado de la renovación de los vocales del CGPJ, pero también queremos advertir que el camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo, sino con la mayoría de la investidura”, añaden. El resto de socios se han posicionado también de forma crítica después de un pacto “bipartidista” que los deja fuera. Especialmente duro ha sido Podemos, que este mismo miércoles ha vuelto a subrayar que el PSOE “ha cambiado de socios”, ahondando en la teoría de una “gran coalición” entre socialistas y populares.
“El pacto para el CGPJ, y los acuerdos PSOE-PP ya anunciados y que están por llegar (Banco de España, CMNC, CNMV, RTVE, etc), abren una nueva etapa política que se aleja del mandato de las urnas en las generales de 2023 y que anticipa una senda de freno a los avances y recortes”, alerta la formación de Ione Belarra en un comunicado. Podemos advierte también que la nueva configuración del Consejo y la reforma de la ley confieren “poder de veto” sobre cualquier nombramiento o decisión a los vocales conservadores, va a “impedir la democratización” de la justicia y a “legitimar la guerra sucia judicial”, bloqueando la posibilidad de que los jueces que han participado en ella rindan cuentas. “Para Podemos, esto es especialmente grave teniendo en cuenta la intensidad con la que se ha manifestado la ofensiva judicial reaccionaria en los últimos días, con episodios de persecución a sindicalistas y activistas sociales, la negativa del Supremo a aplicar la Ley de Amnistía y la impunidad total de la que goza la ultraderecha”, añade.
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