El Gobierno de Navarra y el Ministerio de Política Territorial han alcanzado un acuerdo para reformar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) que “blinda la competencia de tráfico como un derecho histórico de Navarra”. El acuerdo, primer paso para llevar a cabo esa reforma, se ha dado a conocer tras la primera reunión de la Comisión Negociadora Navarra-Estado para la reforma de la norma, equivalente a un Estatuto de autonomía, celebrada este martes en el Palacio de Navarra. La delegación Navarra ha estado encabezada por la presidenta María Chivite y la estatal por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Hace dos meses, el Tribunal Supremo anuló el real decreto por el que, en abril de 2023, se traspasaron a la Comunidad Foral las competencias de tráfico que hasta ahora ha tenido la Guardia Civil. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso que presentó la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) al considerar que este traspaso no podía hacerse por un real decreto, ya que ni la Lorafna ni el derecho histórico reconocen las competencias de tráfico para la comunidad. Los magistrados concluyen que esas competencias podrán asumirse por Navarra, “pero, o bien reformando la Lorafna [como se ha acordado este martes], o bien mediante una ley orgánica”.
La cesión de las competencias exclusivas de tráfico y seguridad vial, de la que gozan País Vasco y Cataluña, es una reivindicación histórica de Navarra que han mantenido presidentes de todos los partidos que han pasado por el Gobierno foral. El Ejecutivo de José María Aznar (PP) se comprometió al traspaso en el año 2000 con el entonces presidente navarro, Miguel Sanz, de UPN, pero el acuerdo no llegó a concretarse. UPN insistió en su petición, sin éxito, en los años siguientes y, por fin, en octubre de 2018, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Gobierno central y la entonces presidenta navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), cerraron un acuerdo para el traspaso de estas competencias a partir de mayo de 2019. El plazo se incumplió, pero el compromiso se mantuvo y, en abril de 2023, el Gobierno aprobó un real decreto con las condiciones del traspaso, que empezó a hacerse efectivo en julio.