La reducción del Estado argentino impulsada por el presidente Javier Milei avanza a pasos agigantados. Entre diciembre y mayo, 25.200 empleados dejaron de trabajar para la Administración nacional y empresas y organismos públicos y la cifra ya se acerca a los 30.000 con la nueva ola de despidos ejecutada en los últimos días. El sindicato de trabajadores estatales ATE contabilizó la no renovación de 2.300 contratos a 30 de junio, pero cree que la cifra total puede acercarse a los 5.000. El Gobierno aplaude los despidos en algunas áreas que considera innecesarias; para los sindicatos significa desmantelar importantes políticas públicas debido a la falta de personal y a la subejecución presupuestaria.
La mayoría de ministerios se han visto afectados, pero el recorte más drástico ha sido en la ex cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad. “Del total de 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado”, confirmó el lunes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni. “240 empleados fueron eliminados en la primera etapa [31 de marzo] y 685 en la segunda etapa. Bajo esta Administración no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, subrayó.
Algunas políticas de género se han frenado del todo, mientras que otros programas han sido reducidos al mínimo. Entre estos últimos está la la línea telefónica 144 de asistencia a víctimas de violencia de género, que funciona las 24 horas durante los siete días de la semana, o el programa Acompañar, que ofrecía una ayuda económica para que las mujeres sin recursos pudieran abandonar la vivienda que compartían con el maltratador y/o abusador. “En la línea 144 quedaron turnos con sólo dos trabajadoras, el programa Acompañar quedó con menos del 50%”, alerta la delegada de ATE Nani Smith.
Varias organizaciones civiles han denunciado al Poder Ejecutivo ante la justicia por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de género y exigen una medida cautelar que deje en suspenso los despidos.
Las áreas de derechos humanos, desarrollo social y salud están también entre aquellas con mayor número de bajas. “El Gobierno realiza despidos masivos que suponen un ataque directo a políticas de atención a la población más vulnerable en un momento en el que ha crecido la pobreza y la indigencia”, critica la secretaria general de ATE en desarrollo social, Ingrid Manfred. “Es una situación muy crítica a la que se añade la parálisis total de políticas públicas, con una ejecución presupuestaria prácticamente nula y la decisión de suspender la entrega de alimentos y de medicamentos”, añade.
Trabajo precario en el Estado
Los despidos realizados por el Gobierno de Milei han desnudado las condiciones laborales precarias de la Administración nacional argentina. De sus cerca de 230.000 trabajadores, casi un tercio tenía contratos anuales, que pasaron a ser trimestrales cuando el mandatario ultra llegó al poder. La decisión de no renovarlos supone despedirlos sin indemnización ni subsidio de desempleo en un contexto de severa crisis económica y de destrucción de puestos de trabajo. En el primer trimestre del año el desempleo aumentó dos puntos, hasta el 7,7%, según los últimos datos oficiales, y la cifra ha seguido en alza desde entonces.
El discurso oficial es que el personal despedido cumplía tareas redundantes, prescindibles o que incumplía sus obligaciones laborales. Los empleados estatales, por el contrario, advierten que en muchos casos cumplen un rol que no puede asumir el sector privado y creen que el objetivo del Gobierno es desprestigiar todo lo público vaciándolo de personal y desfinanciándolo. “Lo que funcionaba bien, quieren que funcione mal, como las universidades públicas. Y lo que ya funcionaba más o menos, cerrarlo definitivamente”, opina una extrabajadora del Ministerio de Salud.
El estado de la salud pública argentina era delicado, pero en los últimos seis meses empeoró aún más por la caída generalizada de sueldos y por la reducción de recursos. Entre los 86 trabajadores despedidos el 30 de junio del hospital Posadas, centro médico de referencia de la provincia de Buenos Aires, hay endocrinólogos, biólogos moleculares, encargados de detectar leucemia, nefrólogos y emergentólogos, según Luis Sucher, delegado de CICOP en el Posadas. “Han debilitado la calidad de atención del hospital, que se encuentra con una demanda enorme”, declaró Sucher a medios locales sobre este centro médico que tiene un área de influencia de unos seis millones de personas. “Este gobierno entiende la salud solamente si da ganancia, pero es un derecho humano fundamental”, denunció.
Pocas áreas han escapado de la poda y ni siquiera es un salvavidas integrar la planta estable del Estado. La psicóloga Daniela Gasparini denunció a través de las redes sociales que fue “despedida por discriminación política” después de 13 años de trabajo ininterrumpido contra la trata de personas en el Programa nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata” dependiente del Ministerio de Justicia. Gasparini achaca su despido a la militancia política como secretaria general de Libres del Sur. Para los sindicatos tiene un objetivo disciplinador, es decir, desalentar que otros trabajadores se impliquen en organizaciones políticas o sociales bajo pena de perder su puesto de trabajo.
Su caso se conoce en plena búsqueda de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años desaparecido hace tres semanas en el norte del país, y del que se sospecha que podría haber sido víctima de una red de trata. En diálogo telefónico, Gasparini cuenta que en los últimos años estuvo a cargo del área de capacitación y de prevención, clave para detectar este delito a través de la concientización en escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad y personal del poder judicial y político. “Argentina siempre fue vanguardia en materia legislativa en trata de personas. He dado capacitación a gente de otros países, imagina la importancia de que vengan a ver lo que hacíamos contra este delito mundial, que es uno de negocios más redituables en el mundo junto al narcotráfico”, dice antes de lamentar el retroceso actual. “Ya funcionaba con la capacidad humana por abajo de los que se necesita, algo que es responsabilidad de gestiones anteriores. Pero si además recortás más es muy difícil que esta política pública sea efectiva”, advierte.
Los despidos se extienden a casi todas las empresas y organismos públicos del Estado, que rondan el centenar. Milei ordenó en febrero el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el mes siguiente el cierre de la agencia de noticias Télam, donde trabajaban 700 personas. Han seguido el mismo camino el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que sumaban 900 trabajadoras. En esta última ronda de despidos el más afectado fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que perdió de un plumazo a más de 200 empleados.
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