El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene entre sus primeras tareas un importante reto: cubrir el casi centenar de plazas vacantes en la cúpula judicial y poner fin al atasco para resolver asuntos en los tribunales. La limitación que impuso el Gobierno en 2021, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a la facultad de que un órgano de gobierno de los jueces en funciones —llevaba desde diciembre de 2018— pudiera hacer nombramientos en las altas instancias ha provocado que 98 plazas estén vacías desde entonces. Así, una vez que los nuevos 20 vocales tomen posesión de su cargo, tendrán que poner la maquinaria en marcha para llevar a cabo las entrevistas y análisis de méritos y capacidad de los aspirantes al Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, además de a la jurisdicción militar.
El Tribunal Supremo advirtió en octubre de 2021, cuando empezó a notar los efectos de la restricción para que el CGPJ hiciera nombramientos, y eso que en ese momento solo contaba con 11 vacantes, de que la falta de jueces provocaría el dictado “1.000 sentencias menos al año y más retraso en los tiempos de respuesta”. En la actualidad, el alto tribunal —cuyo gabinete técnico ha contado con medidas de refuerzo aprobadas por el Ministerio de Justicia— tiene pendiente por, ahora, ocupar 26 despachos de 79 magistrados, lo que supone más de un 30% de su plantilla.
La Sala más afectada del Supremo es la de lo Contencioso-Administrativo, donde hay 12 magistrados menos, entre ellos su presidente, César Tolosa, que en diciembre de 2022 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional, y a los que hay que sumar dos nuevas bajas, después de que Ángel Arozamena y José Antonio Montero hayan sido elegidos como nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Otras de las salas del Supremo más afectadas por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que este martes se dio por finalizado tras el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP, es la de lo Social, que también cuenta con la presidencia vacante, tras la jubilación de la ahora también magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano (primera mujer en presidir una sala del alto tribunal), además de cinco plazas de magistrados. Por su parte, la Sala de lo Civil también tiene a su presidente en funciones y tres sillas vacías, al igual que la Sala de lo Militar, que tiene tres vacantes; mientras que la Sala de lo Penal (la menos perjudicada) solo tiene un hueco por cubrir, tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero.
En la Audiencia Nacional, las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Social están también en funciones. La primera de ellas se encuentra en dicha situación desde octubre de 2021, fecha en la que Concepción Espejel, que hasta entonces ocupaba dicho cargo, fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional.
Los nuevos 20 vocales tendrán que cubrir también 27 plazas de la Jurisdicción Militar; además de 30 presidencias de las 50 audiencias provinciales que hay en España y otras 40 vacantes en tribunales superiores de Justicia. En concreto, las presidencias de los tribunales superiores de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja, y 32 plazas de magistrados, a los que después habrá que sumar la plaza disponible que dejará Esther Erice, hasta ahora magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tras tomar posesión como miembro del Consejo General del Poder Judicial.
_
