La fiscalidad verde está llamada a convertirse en una de las herramientas fundamentales para alcanzar los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para que puedan orientarse a la consecución real de esos objetivos, es necesaria una reconfiguración completa de todos estos impuestos. La idea, según explica el Consejo General de Economistas (CGE), es que estas figuras no se conviertan en un mero instrumento para incrementar la presión fiscal —sin un ensanchamiento real de las bases imponibles—, sino en palancas que penalicen a quien contamina y que premien a quien cumple. Para ello, propone el CGE, es esencial compensar la recaudación obtenida a través de impuestos ambientales con una reducción en otros gravámenes.
“La finalidad fundamental de estos impuestos no debe ser recaudatoria, sino de cambio de comportamiento”, explicó en un acto celebrado este lunes Salvador Marín, director de estudios del Consejo. Así, con la ventaja añadida de ganar adeptos en la transición verde, se podrían establecer mecanismos para que, con estos nuevos ingresos, se compense lo recaudado en otros tributos y así cumplir con el principio de “quien contamina paga y quien preserva recibe”. De este modo, se lograría que “los agentes contaminantes paguen por el daño causado”, al tiempo que se premiaría a quienes generan menos impacto.
El CGE, junto con el Instituto de Economía de Barcelona, ha elaborado el estudio Fiscalidad ambiental en España, donde se incluyen otras medidas a tener en cuenta en esta posible reforma fiscal verde. Además de la compensación, los economistas sugieren una suerte de armonización de la cesta de los tributos verdes, que por norma general no cuentan con un diseño estatal, sino que están configurados únicamente como impuestos propios de las autonomías. “En muchos hechos imponibles, la facultad de imponer estos impuestos no debería recaer en comunidades o ayuntamientos, porque los efectos negativos que se pretenden mitigar exceden de su ámbito territorial”.
Al tratarse de impuestos propios, argumentó Valentín Pich, presidente del CGE, cada territorio los configura de la manera que considera, sin necesidad de establecer ningún tipo de elemento común. Esto, además de la incongruencia que supone que en unos sitios se pague y en otros no por un mismo hecho, hace que aquellas empresas que están situadas en varias regiones deban conocer y cumplir con normativas diferentes entre sí, “lo que aumenta los costes indirectos de cumplimiento”. Todo ello podría solucionarse, dentro de una estrategia o replanteamiento global de la fiscalidad en España, “con el establecimiento de determinados impuestos por el Estado cuya recaudación se cediera a las comunidades, teniendo estas además una cierta capacidad normativa para adecuar tipos y deducciones”, añadió Pich.
Uno de los ejemplos más obvios, apuntaron los economistas, son el impuesto de circulación y el de matriculación. Su finalidad medioambiental, explican, debería vincularse a las emisiones de dióxido de carbono que emiten los vehículos y que afectan a todo el territorio y no a un solo municipio o región. En este sentido, cabría preguntarse si es lógico que este gravamen puedan gestionarlo los ayuntamientos, teniendo en cuenta que el impacto ambiental de las emisiones es el mismo con independencia del lugar donde se efectúen.
Esta duda es extrapolable al ámbito autonómico. Las comunidades españolas cuentan en conjunto con casi 80 impuestos propios —en gran medida asociados a la transición verde—, pero mientras que unos territorios gravan varios bienes y actividades, otros están libres de tributos. “No tiene sentido que unas comunidades no exijan prácticamente ningún tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos sí, para un mismo tipo de hecho imponible. Los ciudadanos y las empresas contaminan con independencia de donde se resida”, recalcó Pich, quien reclamó “unidad de mercado para la fiscalidad medioambiental”.
En España, la importancia recaudatoria de los impuestos verdes ha sido tradicionalmente menor a la de la media comunitaria. Según los últimos datos disponibles, se sitúa en el 5% del total de ingresos tributarios y el 1,8% del PIB, frente al 5,8% y 2,5% de la Unión Europea, respectivamente. No obstante, son valores cercanos a la media de la OCDE. Por eso, ahora que Bruselas ha insistido al Gobierno para que culmine la reforma fiscal, los economistas insisten en que el debate no debe centrarse en si en España se pagan pocos o muchos impuestos, sino en el objetivo que debe perseguir la fiscalidad verde.
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