La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a ocho cadenas de distribución para que investigue si estas empresas han aumentado sus márgenes de beneficio a partir de la subida de precio que han aplicado en una serie de alimentos que cuentan con el IVA rebajado.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado este jueves en rueda de prensa que el hecho de que estos supermercados —cuya lista no se ha ofrecido— hayan incrementado los precios no quiere decir que hayan vulnerado la ley, pero que es necesario investigar si en algún caso el encarecimiento ha conllevado un aumento de los márgenes de beneficio, lo cual sí está prohibido.
Sánchez ha adelantado los resultados de un estudio de Facua realizado sobre 1.000 precios de ocho cadenas de supermercados que ha arrojado que el 49,1 % de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA ha subido con respecto al día en que entró en vigor la medida, en pasado 1 de enero.
El representante de Facua ha lamentado la “absoluta pasividad del Gobierno” ante este hecho, y ha criticado que ningún ministerio ha querido tomar la responsabilidad de vigilar e investigar si se estaba cumpliendo con el apartado 3 del artículo 72 del real decreto ley de diciembre de 2022 por el que se aprobó la rebaja fiscal.
En concreto, en este punto de la norma se señala que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”.
Tras realizar un análisis jurídico, Facua ha detectado que es el Ministerio de Consumo el que tiene la competencia para investigar y sancionar las posibles infracciones de la ley.
“Es de una gravísima irresponsabilidad que nadie en el Gobierno quiera actuar para sancionar a las empresas que se saltan la prohibición de subir márgenes mientras la economía de las familias está cada vez más deteriorada”, ha advertido Sánchez, que espera que Consumo le dé respuesta a su denuncia.
Estas competencias, según ha detallado Facua, se las otorga a Consumo el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores, que señala que “el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (…) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales”.
Hasta ahora, Facua había remitido todas sus denuncias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a que, según ha relatado Sánchez, en diciembre pasado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dijo que este organismo es el que tenía la indicación de vigilar la aplicación de la norma y aplicar sanciones si no se cumple“.
La CNMC, sin embargo, como respuesta a las denuncias de Facua, ha dicho que el real decreto no le confiere “ninguna competencia para sancionar un eventual incumplimiento de lo dispuesto en su artículo 72“, y que sus investigaciones sobre los precios de los alimentos con el IVA rebajado se han enmarcado exclusivamente en las funciones que tiene atribuidas por la ley de defensa de la competencia.
Sánchez también ha recordado que en el pasado diciembre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció que su Departamento se encargaría de vigilar el cumplimiento de este punto de la ley a través el Observatorio de la Cadena Alimentaria, pero que, sin embargo, no ha publicado ningún dato obtenido en esos “supuestos seguimientos”.
Además, y tras un requerimiento de Facua a través del Portal de Transparencia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) respondió “no tiene atribuidas competencias en materia fiscal” para llevar cabo esa labor.
