La deriva autoritaria del Gobierno de Georgia —que, pese a las protestas y las críticas internacionales, ha aprobado la ley de agentes extranjeros, de inspiración rusa— amenaza con tener consecuencias más allá de la congelación de las conversaciones de adhesión a la UE. Los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros de la Unión estudian paralizar la financiación de proyectos que repercutan en las autoridades georgianas, los programas de colaboración (como el que espera retirar el roaming) con el país caucásico y el envío de fondos para el ejército ante los “acontecimientos negativos en el país”, según un documento confidencial preparado por el Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la UE, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La polémica Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera pone en riesgo los proyectos que reciben financiación del exterior: desde cooperativas agrícolas a asociaciones de mujeres y organizaciones que velan por los derechos humanos. Esta norma, que entrará en vigor en agosto, ha provocado manifestaciones multitudinarias durante semanas, pese a la intimidación, amenazas y agresiones físicas contra representantes de la sociedad civil, líderes políticos y periodistas, según relata el documento europeo, que plantea una serie de opciones para presionar al Gobierno georgiano.
Georgia es país candidato a adhesión a la UE desde el pasado febrero. En Bruselas preocupa enormemente su situación y las acciones del Gobierno, que algunos ven como una maniobra para alejar al país caucásico de la senda europea y de mantener el paraguas de influencia ruso. No se trata solo de la ley que se denomina de agentes extranjeros —similar a una rusa, que ha inspirado también una reforma legislativa en Hungría, socio díscolo del club—, sino que también existen otras medidas “preocupantes”, según se observa desde Bruselas, tomadas en los últimos meses. Entre estas están el anuncio de un paquete de leyes sobre la “protección de los valores familiares y de los menores”, parecida a las enmiendas constitucionales para prohibir la “propaganda LGBTIQ”; la abolición por parte del Parlamento de las cuotas electorales de género; enmiendas al código electoral para cambiar la elección por consenso de la Comisión Electoral Central; o medidas que afectan a la independencia del Banco Nacional de Georgia, dice el SEAE.
La UE observa con preocupación los antecedentes de Polonia y Hungría, que han mantenido durante años una deriva autoritaria que les han acarreado castigos de Bruselas. Pese a todo, Varsovia ha reconducido esta deriva con la salida del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (Pis). Con esa experiencia, la UE no está dispuesta a permitir esa senda en un país candidato. De ahí, la batería de medidas que los jefes de la diplomacia de los Veintisiete debatirán el lunes 24 en una reunión en Luxemburgo.
Por una parte está la congelación de fondos que se destinan a programas que manejan las autoridades y el envío de paquetes económicos para material no letal y formación de las fuerzas de seguridad georgianas a través del Fondo Europeo para la Paz. A esto se suman otras opciones a “corto plazo”, como suspender las reuniones de alto nivel, tanto por parte de la UE como de los Estados miembros. “Estas medidas podrían levantarse una vez se derogue la ley, y siempre que las preocupaciones de la UE sobre el retroceso democrático se aborden suficientemente y vayan acompañadas de mensajes públicos claros”, dice el documento SEAE.
Los Veintisiete analizan, además, medidas en caso “de mayor deterioro”, por el “uso de violencia contra manifestantes pacíficos, intimidación, o irregularidades en el proceso electoral”. Entre ellas, plantean suspender la participación de Georgia en los diálogos a nivel político hasta que la situación mejore o incluso recomendar a los países que introduzcan un requisito de visa Schengen temporal para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio georgiano.
Si la situación empeora aún más, la UE habla de la posibilidad de suspender durante nueve meses el régimen de entrada sin visado a la UE. Pero advierte de que esa medida, aunque puede ser una “poderosa palanca” para que Georgia reconsidere la ley de agentes extranjeros, puede tener un impacto inmediato en la población georgiana.
“La atención debería centrarse más bien en las prohibiciones de entrada a personas individuales y en el compromiso de los Estados miembros de no conceder exenciones de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio”, dice el SEAE, que también ahonda en fórmulas para intensificar la cooperación y el apoyo europeo a la sociedad civil, y la necesidad de aumentar los mensajes públicos y las campañas contra la desinformación.
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