La tensión política partidista y permanente en el Congreso y los recurrentes paréntesis y parones electorales de esta XV legislatura han transmitido una sensación de que el trabajo legislativo y parlamentario ha sido escaso, cuando después de siete meses se llega al final de este primer periodo de sesiones. Algunos portavoces de partidos aliados del Gobierno le exigen, sobre todo al PSOE, que active al fin su labor con más proyectos y leyes para impulsar en el Boletín Oficial del Estado. Los datos, en bruto, reflejan otra imagen. El Gobierno presume de haber aprobado ya, tramitado o convalidado un total de 41 iniciativas, directamente o a través de sus grupos. La mayoría con sus socios de investidura, por lo que entienden que esa alianza está consolidada. La derecha del PP y la ultraderecha de Vox votaron juntos hasta mayo más del 65% de las ocasiones. Los independentistas conservadores de Junts niegan haber apalabrado nada con el PP para coincidir en el voto contra propuestas del Gobierno.
En las últimas semanas el grupo parlamentario del PP en el Congreso ha puesto en marcha una estrategia para dividir las votaciones de casi cualquier propuesta o moción que se discuta por puntos, en algunos casos hasta 21, cuando observan que la coalición en el Gobierno del PSOE y Sumar puede separarse por alguna divergencia o alguno de sus socios desmarcarse, para provocar un número mayor de derrotas. Cada semana su portavoz, Miguel Tellado, comparece para concluir así, ante la evidencia de esos contratiempos o errores de coordinación entre los aliados de la mayoría progresista, que el Gobierno está agotado y paralizado, exige que se convoquen elecciones y acaba con la caricatura de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas puede continuar en el poder para seguir en sus cargos, con sus coches oficiales y en el Falcón, ante la cesión y “el chantaje” de los escaños nacionalistas catalanes.
A esas largas críticas recurrentes y en cualquier tipo de comparecencia de Tellado, sin embargo, se le añaden también las más puntuales de algunos socios, como Sumar, ERC, Compromís, EH Bildu, el PNV o el BNG, que requieren a Sánchez “menos cartas a la ciudadanía y más BOE”, en una expresión de exigencia a retomar la actividad política y legislativa en la que han coincidido desde Íñigo Errejón a Gabriel Rufián.
En el Gobierno y el PSOE aceptan que estos siete meses de la legislatura han sido peculiares, con un mes inhábil y cuatro campañas electorales que han provocado varios frenazos en las sesiones, especialmente las de control al Ejecutivo. El PP ha reclamado, como suele hacer el partido que está en la oposición siempre, que se habiliten algunas semanas de julio para recuperar plenos perdidos y es más que probable que eso ocurra. Pero tanto en el Ejecutivo como en el grupo socialista reniegan de esa idea establecida sobre que la legislatura está siendo improductiva. Han hecho un primer balance y han resaltado que en estos meses se han aprobado o tramitado y están en fase de conclusión ya un total de 28 proyectos de ley, otros ocho por parte de sus grupos parlamentarios y se han convalidado cinco reales decretos, de materias tan relevantes o simbólicas como la amnistía, la ley ELA o la paridad (ver cuadro). Todos los partidos menos Vox ratificaron una reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad.
En el PP denuncian, por contra, que la actividad es nula, que la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, ni es un árbitro neutral ni está limpia de acusaciones de corrupción como despliegan cada vez que se reúne la comisión de investigación montada sobre la compra de productos sanitarios durante la pandemia. Y lo recalcan así para contraponer a su labor en el Senado, donde disfrutan de mayoría absoluta y han podido frenar proyectos y activar otros. En el PSOE replican que ni las dos proposiciones de ley del PP aceptadas en su primer paso en el Congreso ni las 13 que llegaron de ese partido del Senado han avanzado nada ni en ponencias, comisiones o pleno. Los populares remarcan que es la mayoría progresista de la Cámara baja la que las detiene para que no avancen y puedan sufrir otra derrota.
Ante este panorama, en muchas sesiones los dos principales partidos se entretienen durante las votaciones de proyectos, proposiciones o simples mociones retóricas en vigilarse de reojo para propinar algún susto o fracaso parlamentario al contrario, para lo que necesitan el apoyo de más formaciones. En ocasiones esa táctica requiere un trabajo previo de sondeo y en otras, como ocurrió la pasada semana, los responsables en los grupos de desbrozar esa tarea aguardan en sus escaños a ver en qué cae la lotería del voto de los aliados más imprevisibles. Normalmente Junts, que ya ha avisado al PSOE en varias sesiones de que votará a favor solo de lo que le convenga a Cataluña y a su líder, Carles Puigdemont.
Ese comportamiento de Junts ha beneficiado en algún caso al PP de Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a explicitar que se aliará con quien sea si sirve para recopilar derrotas del Gobierno. Los populares han avanzado incluso que pretenden fomentar esa situación en próximos plenos, pero desde Junts, fuentes de su dirección niegan haber mantenido con el PP ningún contacto al respecto y ratifican que votarán en línea con sus pretensiones independentistas y en ese sentido ni siquiera aceptan aproximaciones reales con ERC en el Congreso, donde sus relaciones siguen siendo malas en clave electoral catalana.
En el PSOE son conscientes de lo peligroso que es depender de Junts para sacar adelante proyectos y continúan con la idea de cultivar la unión en su mayoría progresista de investidura y en la seducción tanto en Cataluña como en el Congreso de ERC, lo que fomenta el malestar y la desconfianza de los siete escaños básicos del partido de Puigdemont. El grupo socialista ha analizado las 67 votaciones realizadas en el Congreso hasta mayo y han constatado que en 44 casos PP y Vox votaron juntos (65%), frente a las 22 que hicieron lo mismo PP y PSOE o las solo cuatro que los socialistas coincidieron con los ultras de Santiago Abascal. Entre mayo y junio se produjeron otras 46 votaciones (algunas con decenas de puntos en su interior) y en la mayoría (casi el 75%) PP y Vox volvieron a votar igual.
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