La Junta de Andalucía asumirá los mecanismos de protección de la menor de 12 años que a finales de mayo denunció haber sido víctima de una violación grupal en su colegio por ocho compañeros de 11 y 12 años. Así lo ha confirmado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, un día después de que la Fiscalía de Menores confirmara que no asumirá la investigación de la agresión sexual porque los autores son menores de 14 años y, por tanto, inimputables. La administración autonómica también adoptará las medidas necesarias respecto a ellos una vez que se estudie “el origen de esta conducta”, según ha señalado López.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, en torno a las 12 de la mañana en el CEIP Vega del Guadalquivir de Peñaflor (Sevilla, 3.651 habitantes), “antes de que los alumnos salieran al patio, momento en el que fue apartada de la vista de estudiantes y profesores y llevada hasta el cuarto de baño de las niñas”, de acuerdo con el relato de los hechos recogido en la denuncia presentada por la familia de la niña y difundida por Europa Press. Esa denuncia fue realizada en un primer momento ante el Grupo de Menores de la Policía Nacional de Córdoba, porque la menor acudió con un familiar al Hospital Reina Sofía de esa localidad para ser examinada tras haber revelado la agresión sexual.
Según el relato que hizo a Canal Sur el abuelo paterno, la niña, que tiene un grado de discapacidad del 50% y que se encuentra bajo su cuidado por estar en situación de acogimiento, contó lo sucedido “días después” ante la insistencia de su familia, porque la encontraban rara y se estaba comportando de forma huraña, “cuando ella no era así”. La menor identificó a sus ocho agresores, todos nacidos en 2012, salvo uno en 2011, según precisa la Fiscalía de Menores, que recibió la denuncia el pasado 13 de junio.
“Desde el primer momento estamos evitando hablar del asunto con la niña”, explica a este diario en conversación telefónica la pareja del abuelo de la menor agredida. “Vamos a ver qué medidas de apoyo concretas adoptan los servicios sociales, que de momento, están ya atendiéndonos”, añade.
El Ministerio Fiscal también ha dado traslado al centro educativo donde sucedió la violación grupal según la denuncia “para que adopten en el ámbito de sus competencias las medidas de protección del menor”. La dirección del colegio emitió un comunicado esta semana para acallar las críticas que algunos padres estaban difundiendo por redes sociales, defendiendo su actuación. La Consejería de Desarrollo educativo y FP, siguiendo el protocolo estipulado en los casos de agresiones sexuales, está elaborando un informe para el que se están recabando todos los datos relacionados con el caso en el ámbito educativo y las medidas o pasos que haya llevado a cabo el centro, que luego se pondrá en conocimiento de la Inspección, según indican fuentes de ese departamento.
Mientras, la Junta va a empezar a estudiar el entorno de los supuestos agresores para detectar dónde está el origen de esas conductas. “Ese comportamiento no es innato, son conductas aprendidas, hay que analizar si tiene que ver con el ámbito familiar, si consumen material pornográfico…”, explica una fuente de la Consejería de Igualdad. A partir de allí se adoptarán las medidas que deberán aplicarse a estos menores por su condición de inimputables.
“Hay mecanismos, acciones, medidas de reeducación, pero a largo plazo, y en estos casos es importante saber si por parte de las familias hay capacidad para poder ejecutarlas”, explica Teresa Torres, presidenta de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (ADIMA), sobre las intervenciones que, cuando se analice el entorno de cada uno de los presuntos autores menores de edad, podrán llevarse a cabo. Torres advierte también sobre la atención que debe ofrecerse a la menor, para evitar que sufra revictimización. “Además tenemos el problema de que se trata de un municipio pequeño, por lo que es importante la mesura”, advierte.
Amparo Díaz Ramos, abogada sevillana especialista en violencia machista y trata, advierte sobre cómo cada vez son más frecuentes delitos sexuales en los que la víctima es menor de edad, al igual que sus agresores, en algunos casos inimputables. “La administración no está preparada, no hay normativa concreta sobre lo que hacer, ni profesionales formados adecuadamente, para estas situaciones concretas”, indica. “La ley debería contemplar actuaciones específicas basadas en la perspectiva de género, la educación sexual, pero también en hacerlos conscientes de la necesidad de reparara a las víctimas”, abunda.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
