No es el primer fraude, pero sí el más grave detectado hasta ahora en torno al programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), un mecanismo gestionado y financiado por el Gobierno para que los empresarios contraten trabajadores en el extranjero para compensar la escasez de mano de obra en el campo. La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e investiga a otras seis como presuntos integrantes de una trama asentada en la provincia de Albacete que se aprovechaba de este programa ―puesto en marcha hace 25 años para facilitar una migración ordenada― para enriquecerse cobrando de manera ilegal miles de euros a cientos de trabajadores de Marruecos y Senegal a los que luego explotaba laboralmente en explotaciones agrícolas, según ha informado este miércoles el instituto armado.
El novedoso fraude tenía, además, otras dos vertientes. Por un lado, la trama facilitaba a muchos de estos trabajadores quedarse posteriormente de manera irregular en España a cambio de más dinero. Y, por otro, cobraba de manera irregular las subvenciones públicas contempladas en el programa. Entre los detenidos se encuentran directivos de una empresa de frutas de Hellín (30.516 habitantes), epicentro del fraude, y dos empresarios de Marruecos y Senegal con una “intachable reputación ante las autoridades públicas” de sus países, que se encargaban de captar a compatriotas dispuestos a pagar para conseguir un contrato que les permitiera entrar en España, según destaca la nota del instituto armado. La Guardia Civil ha extendido la investigación a otras provincias ante la sospecha de que más empresas pueden estar cometiendo un fraude similar.
El programa GECCO es un procedimiento de contratación de personas en otros países para cubrir puestos de trabajo temporales que deben regresar a su país al finalizar la campaña. Con ello se busca frenar la inmigración irregular en cayucos desde algunos países. Las compañías interesadas hacen una oferta de trabajo a través de las subdelegaciones de Gobierno que luego se envían a los países con acuerdos para iniciar un proceso de selección. Además de los sueldos, los empresarios asumen todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y asistencia sanitaria de los temporeros, y reciben a cambio ayudas y subvenciones públicas. En 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de la gestión del programa, tiene acuerdos suscritos con una veintena de países, la mayoría de América y África.
Sin embargo, la bautizada Operación Bomvoyage de la Guardia Civil ha revelado ahora que no siempre es así. La investigación se inició a finales del pasado verano, después de que agentes del Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete detectaran que más de la mitad los 250 trabajadores extranjeros que había sido contratados meses antes gracias al programa GECCO para recoger la cosecha de albaricoques y cerezas en Hellín no habían regresado a sus países y se habían quedado de modo irregular en España. Las posteriores pesquisas revelaron que una situación similar ya se había producido en 2022, aunque entonces el número de migrantes que habían sido contratados por esta mercantil fue de un centenar y no había disparado las alarmas.
Estas sospechas iniciales se acrecentaron a comienzos de este año, época en que se inician los trámites para contratar temporeros en el extranjero. La misma empresa pidió en ese momento a la Subdelegación del Gobierno traer a España más de 450 trabajadores desde Marruecos y Senegal, una cifra que excedía con mucho las supuestas necesidades de mano de obra de la compañía.
Las pesquisas han revelado que, en realidad, el GECCO se había convertido supuestamente en una vía de enriquecimientos ilegal para los presuntos implicados ―la primera estimación sitúa en más de medio millón de euros los beneficios obtenidos― que se iniciaba en los propios países africanos. Allí, dos de los cabecillas amañaban el proceso de selección de los trabajadores para que fueran elegidos los que hubieran abonado a la trama entre 4.000 y 6.000 euros, pese a que este trámite debe ser gratuito. Para ello, aprovechaban su buena relación y ascendente con las autoridades de estos países ―en el caso del empresario senegalés, I. M., es muy conocido públicamente― para que entre los preseleccionados estuvieran aquellos que pagaban.
De este modo, estos trabajadores lograban formar parte del grupo que realizaba la entrevista final con el empresario español, quien se desplazaba a ambos países para elegir a quién se contrataba. Según fuentes conocedoras de la investigación, la trama pedía a los temporeros que ese día vistieran determinadas ropas para que, de este modo, el directivo de la compañía española supiera quién había pagado y lo eligiera. Este proceso suponía la primera parte del fraude, ya que el programa GECCO exige que la elección de los temporeros se rija por los criterios de “igualdad de oportunidades, no discriminación y gratuidad de la participación en el proceso”.
Una vez llegaban a España a comienzos de mayo con un contrato de tres meses, la organización cometía un segundo fraude al ofrecer a los trabajadores no tener que regresar a sus países cuando terminase la campaña de recogida de la fruta si pagaban otra cantidad de dinero, que iba de los 4.000 a los 12.000 euros. Por esta cantidad les ofrecían vivienda ―en muchos casos sin condiciones mínimas de habitabilidad― y nuevos trabajos agrícolas con jornadas maratonianas y mal pagadas. Incluso les proponía regularizar de manera ilícita su situación administrativa en España para conseguir un permiso de trabajo. “Se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos tres años”, destaca la nota de la Guardia Civil.
A los que rechazaban el ofrecimiento y decidían cumplir el contrato, se los explotaba laboralmente mediante jornadas maratonianas por las que al final se les entregaba un salario de poco más de 200 euros mensuales tras aplicarles en las nóminas “deducciones ilícitas”, según señala la Guardia Civil. Además, se los obligaba a firmar diversos documentos para que contrataran servicios bancarios o de telefonía y, de este modo, los miembros de la trama se embolsaban comisiones. El fraude se completaba alojando a los trabajadores en instalaciones hoteleras o grandes fincas aisladas y en desuso por las que, a pesar de ofrecer condiciones insalubres y un régimen alimenticio escaso, inflaban el precio para poder obtener mayores subvenciones públicas.
Las primeras ocho detenciones se produjeron el pasado 10 de junio. Entre los arrestados entonces estaban el director de la explotación agrícola y los dos empresarios de Senegal y Marruecos. También fueron arrestados los responsables de una asesoría jurídica especializada en extranjería que se encargaba de dar apariencia de legalidad a los trámites. Ese día, la Guardia Civil también tomó declaración como investigados a otras seis personas y realizó tres registros en la localidad de Hellín y otro en Alhama de Murcia.
Diez días más tarde fueron arrestadas otras cinco personas y cinco más fueron interrogados como investigados. A todos ellos se los acusa de los delitos de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas. El juzgado ha ordenado además el bloqueo de varios productos financieros, entre ellas 15 cuentas bancarias, algunas con elevados saldos. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que, tras el análisis de la abundante documentación en soporte papel e informático, muy posiblemente se produzcan nuevas detenciones.
En el momento de la intervención de la Guardia Civil, había cerca de 300 magrebíes y 152 senegaleses trabajando en la empresa bajo sospecha gracias al programa GECCO. Tras la detención del empresario español, unos 140 jóvenes senegaleses fueron reubicados por las autoridades españolas en compañías de la provincia de Segovia, dos decidieron volver a Senegal y una decena dejaron el trabajo y se quedaron de manera irregular en España, informa José Naranjo. Los marroquíes han sido reubicados en su mayoría en empresas de Huelva.
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