MERCADOS

Tensión entre el Gobierno de Canarias y la Fiscalía a cuenta de la atención a los menores migrantes que llegan sin acompañamiento de tutores. El Gobierno de Canarias ha dado instrucciones a la Consejería de Bienestar Social para que solicite a Puertos del Estado que habilite espacios en los recintos bajo su gestión para acoger y atender a los menores migrantes. El motivo, informó este martes el portavoz del Ejecutivo autónomo, Alfonso Cabello, es “la situación de colapso y totalmente insostenible” que atraviesa la comunidad ante el volumen de llegadas. La idea es desplegar la primera de estas iniciativas en el Puerto de Los Mármoles, en Arrecife.

Sin embargo, la fiscal delegada de Extranjería de Canarias, Teseida García, no tardó en manifestarse públicamente contra este anuncio. En declaraciones en la SER, dijo que no permitirá que los menores inmigrantes no acompañados permanezcan en carpas en los puertos de las islas como si se tratase de centros de acogida para menores. La fiscal matizó que solo podría aceptar esa situación si momentos puntuales. “El muelle de Arguineguín fue lo que fue”, ha asegurado en referencia al hacinamiento que se produjo durante meses en el puerto de la localidad grancanaria entre 2020 y 2021, pero enseguida esgrimió para justificar su oposición que “España ha asumido una serie de obligaciones internacionales al firmar la Convención de los Derechos del Niño” y que se trata de “personas muy vulnerables, no solamente porque son extranjeros, sino porque son niños que viajan solos”.

Pocas horas después, también este martes, el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, respondió a la fiscal. “Nos encontramos con una imposibilidad de recursos. Si la fiscal de Extranjería nos da otra alternativa… Hemos pedido las instalaciones de Defensa y el Gobierno de España nos lo niega, aunque estén en desuso”, explicó Clavijo, de Coalición Canaria, en la SER.

El enfrentamiento ha proseguido este miércoles. En este caso, el turno ha correspondido al vicepresidente del Gobierno de Canarias, el popular Manuel Domínguez, quien ha explicado en declaraciones a los medios que la comunidad autónoma no tiene más remedio que atender en los puertos a los niños que lleguen en patera por no contar con otra alternativa. “La pregunta es: ¿dónde y cómo los atendemos, qué hacemos? Ya no solo estamos hablando de espacio físico, sino de personal cualificado para poder atenderlos como se merecen”, ha apostillado, según recoge Efe. En sus declaraciones, Domínguez puso la mira en La Moncloa, porque, aseguró, el archipiélago “merece, necesita, urge, suplica y ruega una atención por parte del Gobierno central”, recoge Efe, al tiempo que ha advertido de que “todo obstáculo que se pueda colocar en el camino va a llevar a un desencuentro mayor”.

Domínguez se encuentra en una posición delicada como presidente del PP en Canarias y como vicepresidente del Ejecutivo autonómico. El Gobierno central y el canario, al que pertenece, han elaborado una modificación de la Ley de Extranjería que estipula que cuando algún territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150% se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades. El texto ha de ser votado en el Congreso y necesita el concurso del Partido Popular, tanto porque resulta difícil que logre la mayoría simple necesaria (Junts rechaza apoyarla). El PP, sin embargo, no ha podido pactar una posición común y transmite este posible sí a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el 10 de julio en Tenerife.

No está clara, sin embargo, la posición del Partido Popular, que ha endurecido esta semana su discurso acerca de esta reforma de la Ley de Extranjería. El lunes, varios barones de la formación ya cuestionaron la posibilidad de un acuerdo. El martes, tanto su líder, Alberto Núñez Feijóo como el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, atacaron duramente al presidente, Pedro Sánchez, por la política migratoria. Este miércoles, el propio Feijóo ha dado un paso más al reclamar ayuda a la UE para un mayor control de la inmigración. “Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España”, ha alertado en Cascais (Portugal) en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

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