Miembros del Departamento de Estado de EE UU, embajadores, altos funcionarios norteamericanos de inteligencia, dirigentes de Naciones Unidas, responsables de seguridad del Ibex 35, expertos en Al Qaeda y explosivos…. Y espías, muchos espías… El que fuera jefe del área de Rusia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no es uno más de los 3.000 hombres y mujeres del organismo del Ministerio de Defensa que se dedica a garantizar la seguridad nacional.
Con 24 analistas a su cargo, este agente procedente de la Armada, que permanece en prisión desde el pasado septiembre tras ser detenido por llevarse presuntamente a su casa información clasificada, se ha codeado durante décadas con la élite de la inteligencia y la diplomacia mundial. Así lo revela su agenda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Por seguridad, este diario ha omitido la identidad de altos cargos internacionales vinculados a los servicios secretos y las fuerzas y cuerpos de seguridad que aparecen en la relación de contactos del espía.
Un mando que está siendo investigado judicialmente por revelación de secretos (penado con hasta siete años) y traición (castigado con un máximo de 12). El CNI le atribuye usar presuntamente la información que sacó de las dependencias del organismo de Defensa para favorecer a una potencia extranjera. El agente lo niega y argumenta que se llevó documentos a casa entre 2021 y 2022 para teletrabajar y cumplir con un encargo de sus superiores, según fuentes próximas a la causa.
El vistazo a la colección de teléfonos ―personales y profesionales― del espía confirma nexos con jefes del Departamento de Estado de EE UU, embajadores, diplomáticos y parlamentarios. También revela relaciones con directivos de petroleras, asesores de ministerios africanos y dirigentes de Naciones Unidas y de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).
Entre sus números de móviles, planean también nombres de procuradores y altos diplomáticos italianos, representantes de la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, por sus siglas en inglés) y del Foreign Office (oficina de asuntos exteriores británica).
El mando tenía hilo directo, según su agenda, con el responsable de seguridad de Emiratos Árabes Unidos y con dirigentes de Jordania y Malta.
También aparecen en su relación de contactos jefes de Stratfor, una compañía americana de seguridad e inteligencia conocida como “la CIA en la sombra” por trabajar para distintas agencias de EE UU y multinacionales.
El responsable de Rusia del CNI ya fue objeto de una investigación interna en 2014 por su relación con Stratfor. Las pesquisas se archivaron después de que el espía aclarase a sus superiores este vínculo, según ha podido saber este diario.
Wikileaks publicó en 2012 cinco millones de correos de Stratfor después de que la compañía denunciara un ataque informático. Los mensajes confirmaban los vínculos de esta firma de Texas con servicios secretos, embajadas y multinacionales. La filtración afloraba también una nómina de clientes que incluía a controvertidas firmas como Dow Chemical, responsable del desastre de Bhopal, que es como se conoció a la catástrofe ocurrida en la ciudad india del mismo nombre, que en 1984 sufrió un escape de gas tóxico que causó 25.000 muertos.
Los analistas sobre ISIS y Al Qaeda también sobrevuelan en la agenda del que fuera jefe del área de Rusia del CNI. Un espía que, en España, se codeaba con agregados y funcionarios del Ministerio de Interior en embajadas españolas en África, jefes de la Comisaría General de Información, coroneles del Ejército de Tierra al frente de organismos de explosivos y con dos ejecutivos de seguridad de energéticas del Ibex, según su nómina de contactos.
Nueve meses en prisión
El abogado del mando enmarca los cargos contra su cliente en una cacería interna del CNI de envidias y conspiraciones, según fuentes próximas a esta causa, que desde su inicio se encuentra bajo secreto. El letrado solicita por primera vez al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que indaga el caso, la libertad del espía, que permanece en prisión provisional desde septiembre. El investigado se encuentra internado en el módulo de funcionarios de la madrileña cárcel de Estremera. Y estuvo diez días en prisión incomunicada tras su arresto.
Según la defensa, el agente ejercía labores de contrainteligencia, que no están reguladas en España, pese a que existe un mandato del Consejo de Estado de 2004.
La máxima responsable del departamento de asuntos internos del CNI reconoció a preguntas del fiscal del caso en febrero que la información que salió del servicio secreto ―y que según el organismo de Defensa incluía nombres, objetivos y operaciones― no acabo en “terceras personas”. Según el abogado del agente, la jefa de investigar al mando del CNI admitió también que no se ha podido establecer que los datos que se llevó el responsable de Rusia fueran a parar a servicios de inteligencia extranjeros.
En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al funcionario del CNI Roberto Flórez a 12 años de cárcel por traición. Fue el primer espía español sentenciado por este delito. La investigación no pudo acreditar, sin embargo, que Flórez facilitara al Kremlin documentos secretos que le habían incautado tres años antes en dos viviendas de Puerto de la Cruz (Tenerife). El Supremo rebajó después la pena del espía a nueve años.
A sus 55 años, el que fuera responsable del CNI sobre Rusia es un experimentado agente con rango de capitán especializado en asuntos marítimos y de transporte. Su currículum incluye participaciones en célebres misiones sensibles, como la liberación del atunero vasco Alakrana, que en 2009 fue secuestrado por piratas somalíes con 49 tripulantes.
En la esfera internacional, en la que el agente pasó seis años, la carrera del espía contempla una parada en la sede de Naciones Unidas de Nueva York y un trabajo para una empresa de seguridad estadounidense que prestó tras pedir una excedencia durante la pandemia.
Junto al mando del servicio secreto, también fue detenido el pasado septiembre un segundo agente operativo del CNI, de menor nivel, con el que el jefe de Rusia mantenía una relación de amistad. Este último fue puesto en libertad con cargos tras su arresto.
El cerco contra el jefe del servicio secreto encarcelado arrancó tras una investigación interna del CNI, que después se trasladó a la Fiscalía. El caso desató un roce diplomático entre Madrid y Washington. La ministra de Defensa, Margarita Robles, transmitió a la embajadora de EE UU en España, Julissa Reynoso, su malestar por la acción. Exteriores expulsó después a tres agentes de la CIA destinados a la Embajada estadounidense en Madrid, pero Washington se adelantó a retirarlos.
Tras la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, el área de Rusia del CNI se ha convertido en un departamento caliente. La guerra, que originó la imposición de sanciones de la UE, propició también un incremento de la colonia de rusos en España, que supera los 80.000 ciudadanos.
En este contexto, el servicio secreto ha encarado sucesos como el asesinato el pasado febrero en Villajoyosa (Alicante) del desertor ruso Maxim Kuzmínov, que huyó a Ucrania en un helicóptero de combate. El CNI atribuye su muerte al Kremlin. Otro crimen vinculado por la inteligencia a los servicios secretos rusos fue la muerte en abril de 2022 del magnate ruso Serguéi Protosenya y de su familia en Lloret de Mar (Girona).
Las fugas de información son una pesadilla para un servicio secreto. El caso del excoronel Juan Alberto Perote, que fue condenado en 1997 por el Tribunal Militar Central a siete años de prisión por revelación de secretos, está considerado el más grave. Tras ser destituido en 1991, Perote se llevó a casa documentos clasificados sobre la guerra sucia contra ETA y las escuchas ilegales. La información acabó en El Mundo y desató una de las mayores crisis de los gobiernos de Felipe González.
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