Con la propuesta del PP para que José María Macías forme parte del Tribunal Constitucional, los populares han optado por el perfil más duro de los candidatos que manejaba para este puesto. La trayectoria de Macías, que este año cumple 60 años, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que ha formado parte como vocal desde 2015, se ha caracterizado por su fuerte oposición a los proyectos de ley de los gobiernos de coalición liderados por el PSOE desde la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy (PP). La radicalidad de la postura del magistrado se refleja en sus múltiples declaraciones y en el papel de liderazgo que asumió en diversas iniciativas del Consejo, siempre críticas hacia las propuestas o los candidatos gubernamentales para todo tipo de cargos del ámbito jurídico como, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado.
Ese mismo papel de liderazgo en la oposición del Consejo del Poder Judicial al Gobierno se le atribuyó en las largas negociaciones para desbloquear la renovación del propio Constitucional, al que ahora va a acceder. La mayoría conservadora se resistió durante muchos meses a proponer a los dos candidatos que le correspondían designar, con el pretexto de que no encontraba magistrados dispuestos a presentarse, cuando numerosos miembros del Supremo habían enviado sus currículums para que fueran tenidos en cuenta. El objetivo de aquel bloqueo era evitar que el Constitucional pasara de una mayoría conservadora a otra progresista, como tiene en la actualidad. El bloque conservador se verá ahora reforzado con Macías —que suple a Alfredo Montoya, que renunció en julio de 2022 tras sufrir un ictus— y del actual 7 a 4 en la correlación de fuerzas entre progresistas y conservadores, se pasará a un 7 a 5.
Entre las muchas declaraciones de Macías durante sus nueve años de permanencia en el Consejo del Poder Judicial cabe citar, entre las más recientes, las realizadas a propósito de la ley de amnistía y de la supuesta revelación de datos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero. “Ni el Derecho ni el Estado de derecho van con este Gobierno”. En otra ocasión dijo que “el PSOE y Podemos quieren quedarse con el Poder Judicial, esto es muy grave y nos jugamos mucho”. En cuanto a la ley de amnistía, manifestó que “el hecho es grave por sí mismo, por lo que implica de ruptura del marco constitucional y el desprecio al consenso constitucional que esto supone”. A su juicio, una ley de este tipo requería “un amplio consenso”, en línea con los puntos defendidos por la Comisión de Venecia, que “alertó de la necesidad” de esta clase de acuerdo. “También se refirió al “cinismo con el que Bolaños ha intentado apoyar una ley que no cuenta con consenso de ningún tipo”.
Por afirmaciones menos rotundas, magistrados del Constitucional fueron recusados o se inhibieron de participar en sentencias concretas. Sin embargo, el propio tribunal cambió su doctrina sobre las recusaciones en diciembre de 2021 para evitar que los magistrados del sector conservador Enrique Arnaldo y Concepción Espejel tuvieran que apartarse de las sentencias entonces pendientes sobre el procés. Al rechazar las recusaciones de ambos, el tribunal sentó una nueva doctrina, consistente en que nadie “puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas”. Y añadió que a partir de entonces “la afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación”, porque “no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar”. Unos meses antes, el propio Constitucional había aceptado la inhibición de los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido en los fallos sobre el proceso independentista, por declaraciones previas sobre este asunto, y justificó la medida por “el fin de garantizar la imparcialidad del tribunal”.
Macías también ha opinado sobre el propio ministro Félix Bolaños. “Debe ser una persona creíble, y le he visto hacer y decir cosas contradictorias, incluso expresar con absoluto desparpajo cosas que él sabe que no son ciertas. Es un señor al que le gusta la mampostería y levanta muros por todas partes. Si en ese lado del muro están él y sus amigos, yo evidentemente estoy al otro”, aseguró el futuro magistrado del Constitucional.
En otra ocasión se le preguntó si existía “una especie de conjura entre ustedes [los vocales conservadores del Poder Judicial], el PP y algunos magistrados del Supremo”. Respondió que “los mediocres cuando quieren escaparse generan un enemigo e intentan que sea común porque eso une mucho. Recuerdo cierto personaje histórico de este país que cuando tenía un problema se subía a un balcón del Palacio Real y decía que contra España había una conjura masónica”. Y añadió: “No veo una cosa diferente aquí, es la misma táctica”.
En cuanto a la ley de amnistía, ha manifestado que “el hecho es grave por sí mismo, por lo que implica de ruptura del marco constitucional y el manifiesto desprecio al consenso constitucional que esto supone”. A su juicio, una ley de este tipo requería “un amplio consenso”, en línea con los puntos defendidos por la Comisión de Venecia, que “alertó de la necesidad” de esta clase de acuerdo. “También se refirió al “cinismo con el que Bolaños ha intentado apoyar una ley que no cuenta con consenso de ningún tipo”.
Y, sobre los datos fiscales de la pareja de Ayuso, afirmó que se tendría que analizar si se había cometido un delito de revelación de secretos. Del Gobierno afirmó que “cuatro horas antes de que lo hiciera público la prensa, lo desveló” en referencia a “una información, primero, que no podía tener, y segundo, que si la tiene, no la podía revelar”.
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