La escena se vivió este miércoles en Banjul, la capital de Gambia, donde el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, estaba de visita oficial. La comitiva del ministro se apretuja para atravesar el patio de la comisaría donde policías españoles y gambianos trabajan para desmantelar redes de tráfico de inmigrantes. Las escaleras de este humilde edificio llevan a una primera planta que parece un desván de muebles viejos y, unos peldaños más arriba, a un segundo piso de aire pegajoso donde los mandos policiales de ambos países tienen sus despachos. En uno de ellos se oye música de Bach a todo volumen. En lo que va de año, 16 cayucos han intentado llegar a Canarias desde Gambia y todos, a excepción de uno, fueron interceptados, en tierra o en alta mar, donde también patrulla la Guardia Civil. Los responsables de la comisaría le cuentan al ministro que los intentos de salida van en aumento, pero también la capacidad de frenarlos. Albares felicita a los agentes por los resultados, aun trabajando con una infraestructura muy limitada. Pero, en este viaje, las autoridades locales han dado otras claves para frenar el éxodo de sus jóvenes: invertir en educación y empleo.
Albares ha estado este miércoles y jueves en Banjul (Gambia) y Dakar (Senegal) en un viaje con el que pretende reforzar la cooperación y el diálogo político con dos de sus socios más estables de la región. También busca frenar la aún intensa partida de cayucos rumbo a Canarias, adonde han llegado en lo que va de año más de 19.000 personas, el triple que en el mismo periodo de 2023. El origen de más de la mitad de las salidas hacia España está ahora en Mauritania, que sigue demandado más financiación, pero Gambia y, sobre todo, Senegal han visto cómo en 2024 casi 4.000 de sus jóvenes se han jugado la vida en el Atlántico para llegar a Europa.
No hay soluciones mágicas —”la inmigración irregular no se resuelve, se gestiona”, se ha oído en el avión oficial—, pero Albares, que ha sido recibido por los presidentes de los dos países y varios de sus ministros, ha tomado nota de algunas de sus recetas. La frustración por la falta de horizontes marca dos sociedades en las que la edad media de la población está entre los 18,5 años de Senegal y los 21,8 de Gambia, frente a los más de 45 años de España.
En un instituto de formación para el turismo y la hostelería, montado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2007 y gestionado por el Gobierno de Gambia desde 2013, el ministro de Turismo, Abdou Jove, mencionó la inmigración irregular como una de las grandes preocupaciones del país y pidió financiación para ampliar el centro. “La educación es fundamental para que tengan oportunidades aquí”, dijo. Cada año, 400 alumnos se forman en esas cocinas y salones para trabajar en un sector que supone el 17% del PIB y genera más de 10.000 puestos de trabajo. Albares ve en este lugar la posibilidad de crear un centro regional con alumnos de toda la región.
De camino al avión para volar a Dakar, el equipo ministerial se felicitó por haber formalizado con Banjul —adonde no viajaba un miembro del Gobierno desde 2019— un diálogo político con citas anuales entre cancilleres.
El gran anuncio de este viaje ha sido para Senegal, donde Albares se ha reunido por primera vez con el recién formado Gobierno del antiguo opositor Bassirou Diomaye Faye. El ministro ha prometido que España inyectará al menos 180 millones en cooperación para los próximos cuatro años con el foco puesto en la juventud y el empleo, un aumento del 33% respecto al periodo anterior. “Por primera vez, África Occidental va a estar al máximo nivel y Senegal será un país prioritario”, ha mantenido Albares. En ese marco de cooperación, Dakar ha perfilado ya algunos sectores con potencial para formar y emplear a sus jóvenes, como la rehabilitación de edificios históricos.
Moussa Sow, de 21 años, se afana en limpiar con un cepillo, por 75 euros al mes, los escalones que llevan a la piscina de uno de los mejores hoteles de Dakar. Es uno de los 300.000 jóvenes senegaleses que salen cada año a un mercado laboral que no tiene cabida para todos. Sow, un chico menudo y serio, ha visto a varios de sus vecinos marcharse a Canarias y él, aunque sueña con vivir en Europa, asegura que nunca lo hará en cayuco. Dice que es demasiado peligroso y que su madre, a quien desea dar una mejor vida, no quiere. “Los jóvenes se marchan porque no hay trabajo para todos y los salarios no son suficientes”, explica.
Tras cuatro años de profunda crisis política y social, con manifestaciones que provocaron unos 60 muertos y más de un millar de personas encarceladas, Senegal atraviesa ahora un momento de paz que ha devuelto la esperanza en el futuro a sus ciudadanos. El anterior gobierno, presidido por Macky Sall, utilizó la Justicia para intentar eliminar a la oposición, pero se encontró con una decidida resistencia en las calles.
Nuevo panorama político
Toda esa inestabilidad y frustración tuvo un impacto directo en la salida de cayucos hacia Canarias, que se intensificó tras el estallido de la crisis en marzo de 2020 hasta alcanzar cifras récord en 2023. Las partidas desde Senegal, aunque aún no han llegado los meses de mayor intensidad, muestran una clara tendencia a la baja. Detrás de este descenso está no solo la colaboración en el control migratorio de las autoridades senegalesas, sino también las expectativas de empleo, justicia y lucha contra la corrupción generadas por el nuevo Gobierno, que se define como panafricanista de izquierdas y que cuenta con un enorme apoyo entre la juventud.
Una de las cuestiones pendientes entre España y Senegal es la de la inmigración circular, pero sus resultados hasta ahora son muy discretos. Tras el éxito de la primera experiencia piloto en 2022, que supuso el traslado de 17 jóvenes como temporeros a Hellín, en Albacete, durante tres meses, el Gobierno español decidió pasar a otra escala en 2023 y llevar a 120 jóvenes a trabajar con la misma empresa. Sin embargo, según fuentes conocedoras del programa, de los 120 que fueron tan solo regresaron unos 40, lo que supone que dos de cada tres decidieron quedarse en situación irregular. En marzo pasado el Ejecutivo español volvió a poner en marcha el proceso para este año. Albares ha quedado con su homóloga, Yacine Fall, en explorar nuevas fórmulas y sectores, como el de los conductores de camión, un perfil de trabajadores muy demandado en España.
El otro gran tema, siempre presente, pero nunca resuelto, fue el de la devolución de los senegaleses en situación irregular en España. En los últimos años, los intentos por parte de las autoridades españolas han sido constantes, sobre todo con los repuntes de llegadas en Canarias, pero Dakar se resiste y, en lo que va de año, no se han ejecutado ni una decena de devoluciones, según fuentes policiales. “Es una decisión complicada para los países africanos”, reconocen fuentes de Exteriores. Los retornos forzosos son la gran obsesión de la UE para desincentivar la inmigración irregular, pero los países de origen los dificultan por la gran contestación social que generan. Entre otras cosas, porque las remesas de los emigrantes de Senegal rondan el 11% del PIB, un 23% en el caso de Gambia, según datos de 2022 del Banco Mundial.
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