Desde el 1 de julio, las empresas griegas pueden imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de la producción. Además, el nuevo marco legal permite que un trabajador que ya tiene un contrato de ocho horas tenga un segundo empleo de hasta cinco, durante cinco días a la semana, para complementar su salario. El salario mínimo interprofesional está situado en 830 euros y el coste de la vida es similar al de España. Los trámites parlamentarios para la reforma comenzaron en agosto, mientras gran parte del país estaba de vacaciones, fue aprobada en trámite de urgencia en septiembre y ahora entra en vigor.
La ampliación de la semana laboral quiere facilitar la producción de los sectores económicos cuyo flujo de trabajo es continuo. Hasta ahora las empresas debían organizar los horarios de sus trabajadores con dos días de descanso; ahora podrá ser solo uno si el salario correspondiente al sexto está un 40% mejor pagado. El objetivo declarado del gobierno es combatir la economía sumergida e incrementar los ingresos de los empleados. En el caso de que el sexto día caiga en domingo o festivo, el trabajador tiene derecho a que su salario diario se incremente en un 115%. Si además el turno es nocturno, se aplica un recargo adicional del 25%. El descanso de los empleados se sitúa en 11 horas diarias y el descanso semanal en 24 horas, es decir, un único día completo.
Se trata de una reforma laboral conocida como “Ley Giorgiadis”, presentada el pasado agosto por el entonces ministro de trabajo, y actual ministro de salud, Adonis Georgiadis. Georgiadis es una de las figuras más controvertidas de la derecha griega. Vicepresidente del partido gobernante Nueva Democracia, proviene de la extinta formación de extrema derecha LAOS. Antes de ser político, era conocido como presentador de programas de telemarketing en los que vendía libros con temática revisionista mediante los que intentaba establecer una continuidad histórico-política entre la Grecia clásica, el Imperio bizantino y la Grecia moderna. Durante la tramitación de la reforma laboral, tanto sindicatos como oposición le recriminaron su falta de experiencia en el campo laboral. Durante una intervención en el Parlamento previa a la votación, el ministro Georgiadis aseguró que su ley “ni elimina la jornada de ocho horas ni la semana de cinco días”. El Gobierno argumenta que la ley flexibiliza el horario para reducir las horas extra no declaradas y así proteger a los trabajadores.
En el sector privado, las empresas que pueden acogerse al nuevo horario son las que ejecutan “por naturaleza” operaciones continuas, es decir, las que operan todos los días de la semana, 24 horas, con un sistema de turnos rotativos. Pero también las que realizan operaciones discontinuas durante cinco o seis días a la semana, en caso de que aleguen un aumento de la carga de trabajo. En el sector público, la reforma afecta a los funcionarios de entes municipales y regionales, los empleados de las empresas públicas eléctricas, de aguas, de alcantarillado, de telecomunicaciones y de transporte público.
El Ministerio de Trabajo defiende que la semana laboral de seis días es “una excepción” para cubrir aquellas emergencias que requieren personal especializado, por lo que pueden ser cubiertas por ofertas de trabajo urgentes. Los sindicatos, por el contrario, alegan que mientras en muchos países europeos se debate la semana laboral de cuatro días, Grecia rema a contracorriente y amplía el tiempo de trabajo.
La Confederación General de los Trabajadores de Grecia (GSEE), principal confederación del sector privado, teme que tras la entrada en vigor de la reforma laboral aumenten aún más los accidentes laborales debido al cansancio acumulado de los operarios. El año pasado, 179 personas murieron y 287 resultaron gravemente heridas en accidentes laborales en Grecia. Los sindicatos denuncian que el recuento de 2024 será aún peor, debido sobre todo al aumento de la siniestralidad en la construcción.
Además, los sindicatos denuncian que la legislación es confusa tanto respecto a la remuneración como al tiempo de trabajo de los empleados, lo que, según ellos, aumenta el margen para la arbitrariedad patronal. “Resulta paradójico que se apliquen dos marcos regulatorios distintos para la tarjeta de trabajo –uno de 2011 y otro de 2021– y otros dos para el sexto día –uno de 2010 y otro de 2023–, sin que se hayan emitido las Decisiones Ministeriales necesarias para entenderlo”, denunció GSEE en un comunicado.
En la calle, la entrada en vigor de la reforma se ha topado, sobre todo, con el escepticismo. La mañana del miércoles, en Mitilene, dos empleados de un taller mecánico debatían sobre el impacto de la nueva ley. El más veterano, Panagiotis, que prefiere ser citado sin apellido, preguntaba con sorna al más joven: “¿Tú me puedes decir una sola reforma que haya funcionado en este país desde hace 15 años?” Y el joven le respondía: “Mientras siga sin haber inspecciones de trabajo, da igual lo que diga la ley, nosotros seguiremos metiendo las horas que haga falta y nos seguirán pagando menos”.
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