La Policía Nacional ha frustrado el sueño que concibió en 2011 el fundador del conglomerado financiero leonés Herrero Brigantina, el economista Juan González, de 45 años. Una operación contra el corazón de este tinglado empresarial ha confirmado que las ocurrencias de inversión de este presunto visionario, que prometía rentabilidades de hasta un 50% en diez años, tenían truco, tal y como desveló una investigación de EL PAÍS en 2023.
La Policía Nacional ha informado este martes de la detención de nueve personas —ocho en Ponferrada (León) y una en Madrid— conectadas con esta “macroestafa piramidal” que ha espoleado los ahorros de decenas de miles de inversores en España. Pymes, autónomos y familias que depositaron entre 5.000 y dos millones de euros por cliente para conseguir unas rentabilidades imposibles. El fraude suma hasta 70 millones, según las pesquisas.
Los investigadores han acreditado que Herrero Brigantina se sirvió de un tinglado de 21 sociedades en España, Estados Unidos y el Reino Unido para mover el caudal del dinero de los inversores. La firma falsificaba escrituras públicas de ampliación de capital de su entramado para reforzar la imagen de solvencia.
Bajo la dirección de la Audiencia Nacional, la investigación ha conducido al embargo de nueve inmuebles y el bloqueo de cuentas por valor de más de dos millones y medio de euros. Los agentes han bloqueado las cuentas del fundador de la compañía, sus sociedades y bienes fuera de España.
Tras conocer las pesquisas de la Policía Nacional, González Herrero “comenzó a deshacerse” de sus inmuebles e inició una estrategia para expatriar su capital fuera de España. Huyó a Colombia, de donde es originaria su actual pareja, y fue arrestado en diciembre de 2023 en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando regresaba de este país. Los agentes le retiraron el pasaporte.
Para ganarse la confianza de los inversores, la firma vendía sus productos financieros con el logotipo de las aseguradoras Axa y Plus Ultra, que usaba sin permiso. Con esta argucia, Herrero Brigantina, una compañía que decía haber facturado 56,4 millones de euros en 2022, colocaba en el mercado su producto estrella, el unit linked (seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos). La treta para no levantar sospechas era el vehículo del contrato privado de prestación de servicios. Una fórmula que quedaba fuera del radar de reguladores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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