Apenas unos días después de haber garantizado la “solidaridad” de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, Feijóo ha endurecido su discurso ante la crisis de acogida de menores migrantes que afronta Canarias. El líder de los populares cambió el paso este martes y —en línea con los barones más reticentes a imponer por ley la redistribución de menores extranjeros— aseguró que sus autonomías cumplirán con sus obligaciones de acogida “hasta el máximo disponible”, pero advirtió de que son necesarios “límites”. Feijóo, que aún no ha logrado una posición común de sus Gobiernos autonómicos, incidió: “A partir del máximo disponible nadie puede dar lo que no tiene”. En paralelo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, coqueteó con las tesis de la extrema derecha y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de provocar “el efecto llamada” y de no “defender las fronteras”.
El PP se ha visto en una encrucijada desde que hace dos semanas el Gobierno central y el de Canarias (del que forma parte) acordasen de forma bilateral una reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a asumir parte de la acogida de los menores que emigran. El acuerdo contempla la redistribución de los niños por autonomías —en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos— cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla (siempre en primera línea de llegadas) alcancen el 150% de ocupación en sus centros.
Aunque el Gobierno promete compensar económicamente el esfuerzo de los territorios acogedores, varias comunidades gobernadas por los populares ya han mostrado su desacuerdo con esta fórmula. Aseguran que sus sistemas están ya “colapsados”, aunque los datos no necesariamente los refrenden. “En Andalucía el sistema está en colapso”, se quejó este martes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. “Estamos al 115% y estamos derivando a menores a otras entidades que también están al límite”, informa Eva Sáiz.
El objetivo del Gobierno central y el de Canarias es que su iniciativa se vote en el Congreso a finales de julio como una proposición de ley. La fórmula requiere una mayoría simple, pero no están garantizados los votos de todos los socios del Gobierno: Junts, de momento, es más partidario del no. En cualquier caso, más allá del estricto cómputo de los votos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha manifestado la importancia de que los populares apoyen un acuerdo de estas características, para el que se necesita la implicación de todas comunidades.
La posición del PP sigue sin estar clara (sus gobernantes en Ceuta y Canarias presionan a favor), pero Feijóo vira hacia un planteamiento más rígido presionado por otros de sus presidentes autonómicos, algunos de los cuales ven imposible que se pueda alcanzar un acuerdo entre las comunidades. Fuentes de la dirección del PP aseguran en privado que, aunque el Gobierno pretenda un pacto entre partidos, el PP no puede “caer en la trampa” y su intención es delegar en los Gobiernos autonómicos. “Aquí no hay comunidades del PP, el Gobierno tiene que negociar con las 17 comunidades”, advierten.
El líder popular mantiene que está “absolutamente a favor de la solidaridad y la atención de los menores inmigrantes, aunque sean ilegales”, pero con límites. “Nosotros vamos a cumplir nuestras obligaciones hasta el máximo disponible. A partir del máximo disponible nadie puede dar lo que no tiene y, por tanto, no se le puede exigir a una comunidad que haga cosas que no puede atender”, subrayó este martes en una entrevista en Onda Cero. El PP no se opone, en principio, a alcanzar un acuerdo para el reparto de los menores, pero pide restringir la acogida, aunque no avanza cómo. “Va a haber una conferencia sectorial [el próximo 10 de julio] y vamos a ver qué fórmulas somos capaces de lograr. Pero si no ponemos límites, si no ponemos barreras, es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas y a las que parece ser que van a venir”, advirtió Feijóo.
En paralelo al líder popular, el portavoz parlamentario del PP acusó directamente al Ejecutivo central de provocar “el efecto llamada”. “Hay un abandono en cuanto a la posición que mantiene el Gobierno de España en cuanto a esta crisis. Somos un coladero, la puerta sur de Europa, un problema que el Gobierno no atiende adecuadamente”, alertó Miguel Tellado. “Debemos defender las fronteras de nuestro país. Hay mafias que vienen a Europa, pero la dejación del Gobierno hace que esas mafias trafiquen con personas, eso es responsabilidad del Gobierno”, incidió. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, insistió ayer en pedir a los Gobiernos del PP que “hagan todo lo que esté en su mano” para no suscribir el acuerdo sellado por el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Estas declaraciones condicionan a los populares ya que su socio ha amagado incluso con romper sus Gobiernos conjuntos en cinco autonomías si aceptan el reparto. El PP es consciente, además, de que el rechazo a la inmigración es un importante vector de voto en la derecha, como han demostrado los resultados de los ultras con campañas centradas en ello en las últimas elecciones catalanas y europeas, así que hace equilibrios entre la defensa de la solidaridad con Canarias ―donde gobierna en coalición con CC― y el discurso más duro sobre los inmigrantes. “Las comunidades autónomas y el PP están recibiendo todos los MENAS que le manda el Gobierno y, como usted sabe, en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después, por la noche o a la hora que llegue el avión, pues los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español”, llegó a decir este martes Feijóo agitando el mismo discurso que los ultras. Extremo que el Gobierno ha negado ya en repetidas ocasiones, asegurando que lo que hace son derivaciones a diferentes centros de la Península.
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