El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este martes órdenes de detención contra Serguéi Shoigú, exministro de Defensa de Rusia, y el general Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor militar, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados durante la invasión de Ucrania. Los jueces consideran que hay motivos razonables para creer que los dos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las tropas rusas contra civiles y contra la infraestructura eléctrica ucrania. Los hechos tuvieron lugar “desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023”, indica la orden de detención.
En la argumentación de la orden, la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI recuerda que uno de los objetivos del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados. Una vez analizada la conducta de Shoigú y Guerásimov, el tribunal de La Haya ha concluido que “existen motivos razonables para creer que los sospechosos tenían la intención de causar grandes sufrimientos o lesiones graves contra la integridad física o la salud mental o física”, de los civiles.
El TPI mantiene en secreto el contenido de esta clase de órdenes para proteger tanto a los testigos como las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en Ucrania. Sin embargo, la Sala ha considerado que hacerlas públicas “puede contribuir a prevenir la comisión de nuevos crímenes” a la vista de que “conductas similares a las que se abordan parecen estar en curso” [en Ucrania].
Este mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, destituyó a Shoigú (69 años), que llevaba una década al frente de Defensa. El exministro planificó y ejecutó la invasión de Ucrania, pero pasó de contar con la confianza de Putin a ser señalado por la falta de avances en el conflicto. Fue gobernador de la región de Moscú, y la anexión de Crimea —en febrero de 2014— cimentó su carrera.
Valeri Guerásimov (68 años) fue nombrado en enero de 2023 comandante en jefe de las fuerzas rusas que operan en lo que denominan “operación militar especial” en Ucrania. En 2014, su nombre fue añadido a la lista de sanciones de la Unión Europea por el despliegue masivo de tropas rusas en la frontera del país vecino. En diciembre del año pasado, el general aseguró que Estados Unidos había “destruido a sabiendas todos los acuerdos de control de armamento para infligir una derrota estratégica a Rusia”. Lo dijo en el curso de un encuentro con agregados militares de embajadas extranjeras en Moscú.
La destrucción de la red energética de Ucrania
En 2022, una oleada de ataques contra la red energética de Ucrania dejó a cientos de miles de ciudadanos sin luz y provocó numerosos cortes de agua. El presidente del país, Volodímir Zelenski, calculó entonces que el 30% de las centrales eléctricas habían sido destruidas. En octubre —el mes indicado en la orden de arresto— dio comienzo un asalto masivo de esta índole, calificado de crimen de guerra por el Gobierno ucranio. Los apagones dejaron también sin suministro a los hospitales de los municipios afectados, y los daños alcanzaron a la red gasística y a las centrales que nutren de carbón a las térmicas.
Rusia no es miembro del TPI, rechaza su jurisdicción y se niega a entregar a cualquiera de sus ciudadanos a la justicia internacional. En 2023, el mismo tribunal ordenó el arresto del propio Putin por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de miles de menores de edad ucranios desde los territorios ocupados a Rusia. Se considera un crimen de guerra, y el mismo tribunal busca por ese delito a María Lvova-Belova, comisionada del Kremlin para los Derechos de los Niños. El Gobierno ucranio ha documentado el traslado forzoso de unos 20.000 niños y adolescentes desde el inicio de la invasión militar rusa en febrero de 2022. Según las autoridades ucranias, estos son entregados a familias rusas y despojados de su identidad y nacionalidad. Moscú lo niega y dice que los ha protegido al apartarlos de la guerra.
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