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El Tribunal de Cuentas ha dado este martes el primer paso para presentar una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); es decir, para preguntar a la justicia europea si la amnistía es aplicable al procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador por el desvío de fondos del procés independentista catalán. El tribunal ha dado un plazo de diez días a las partes (Fiscalía, acusaciones y defensas) para que formulen alegaciones. El motivo es resolver las dudas que la aplicación de la ley de amnistía plantea a la encargada del caso, Elena Hernáez, quien el pasado 29 de mayo declaró visto para sentencia el expediente de este caso. En él están encausados los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios consejeros y ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana. En total, 35 acusados a los que la Fiscalía reclamaba la devolución de 3,1 millones de euros.
La Fiscalía y la entidad Sociedad Civil Catalana, como partes acusadoras, y las defensas tendrán así ocasión de respaldar u oponerse a la presentación de dicha consulta a la justicia europea, sobre cuya viabilidad existe controversia en medios jurídicos, dada la naturaleza del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador, no judicial. En todo caso, dicho tribunal sí ejerce funciones jurisdiccionales y sus sentencias son recurribles en casación ante el Tribunal Supremo.
Los artículos de la ley de amnistía cuestionados en la resolución de la consejera son el 1, el 2e, el 8.3, el 10 y el 13.3. En cuanto a los preceptos del Derecho de la Unión Europea cuya interpretación podría pedir al TJUE el Tribunal de Cuentas son los relativos a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación leal”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” y a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”, según fuentes del tribunal.
El plazo para dictar sentencia ha quedado en suspenso hasta que la consejera responsable del caso en el Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, propuesta por el PP, resuelva si plantea o no la cuestión prejudicial ante el TJUE.
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