El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado este jueves un plan de la Administración del presidente Joe Biden para reducir la contaminación atmosférica y la niebla a través de las fronteras estatales, en la última decisión del alto tribunal que socava el poder del Gobierno federal para proteger el medio ambiente.
La decisión es una victoria para los Estados liderados por los republicanos y los grupos industriales que habían impugnado el denominado plan de “buena vecindad” de la Agencia federal de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas inglesas). La iniciativa imponía límites estrictos a las emisiones de las centrales eléctricas y las fuentes industriales de los Estados situados a barlovento —parte de donde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado— para reducir la contaminación de sus vecinos situados a sotavento.
Aunque técnicamente la decisión no pone fin a la iniciativa, sí deja en suspenso la aplicación del programa de Biden y lo aboca a una complicada batalla legal que, casi con toda seguridad, continuará después de las elecciones de noviembre. Una victoria del republicano Donald Trump, con su promesa, entre otras muchas, de impulsar los combustibles fósiles, podría hacer descarrilar definitivamente la medida.
La decisión del Supremo fue muy reñida y se adoptó por cinco votos a favor y cuatro en contra, los de los tres jueces liberales, a los que se sumó la conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por Trump y que en cuestiones morales siempre se alinea junto a la mayoría. “Nuestra agenda de emergencia nos obliga a evaluar rápidamente el fondo de las solicitudes sin el beneficio de un informe completo y opiniones razonadas de los tribunales inferiores”, escribió Barrett para justificar su disenso. “Dadas esas limitaciones, debemos proceder con mayor cautela en casos como este, con expedientes voluminosos y técnicos y cuestiones jurídicas espinosas”.
La Administración de Biden y Estados situados a sotavento —la parte opuesta a aquella de donde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado—, como Nueva York, Connecticut y Delaware, habían advertido de “peligrosos picos de ozono” que afectarían a la salud de los residentes, sobre todo niños y ancianos, si el tribunal daba la razón a Ohio, Indiana y Virginia Occidental, los Estados que presentaron un recurso de urgencia.
El plan de “buena vecindad” se aplicaba inicialmente a 23 Estados. Según la propuesta, las fábricas y centrales eléctricas de los Estados del oeste y el medio oeste debían reducir la contaminación por ozono que se propaga a los Estados del este. Estas emisiones provocan niebla tóxica y están relacionadas con el asma, las enfermedades pulmonares y la muerte prematura, entre otras consecuencias en la salud pública.
Se trataba de una ambiciosa iniciativa para remediar el vacío en que habían incurrido 23 Estados. La denominada Ley del Aire Limpio permite a los Estados elaborar sus propios planes, previa autorización de la EPA. Pero la agencia federal concluyó en febrero de 2023 que 23 Estados no habían elaborado planes adecuados para reducir la contaminación. La EPA publicó entonces su propio plan, al que siguió una oleada de litigios, y siete tribunales federales de apelación bloquearon el rechazo de la EPA a los planes presentados por una docena de Estados, dejando a 11 sujetos a la norma federal.
Junto a Ohio, Indiana y Virginia Occidental, empresas energéticas y grupos comerciales y de presión impugnaron el plan federal ante el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia. Al producirse un empate en esa instancia, los Estados y las empresas energéticas solicitaron al Supremo que interviniera. La EPA advirtió entonces de que los planes estatales no deberían afectar a la norma nacional y que su bloqueo tendría graves consecuencias.
La decisión supone el último gran revés del Tribunal Supremo a los reguladores medioambientales, así como a la agenda climática y medioambiental del presidente Joe Biden. En 2022, la mayoría conservadora del Tribunal limitó la capacidad de la EPA para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. El año pasado, limitó su autoridad para regular los humedales. La sentencia publicada este jueves se produce en un año electoral decisivo, en el que muchos votantes jóvenes, en particular, esperan que la Casa Blanca actúe contra el cambio climático. Uno de los pilares del llamado Proyecto 2025, el ideario de Trump para la reelección, es limitar o reducir por completo el poder de las agencias reguladoras y, por extensión, jibarizar la dimensión de la Administración federal, que los Estados dominados por los republicanos consideran una injerencia en sus competencias y potestades. Si Trump, entre cuyos asesores figuran conocidos empresarios de industria del crudo, es reelegido en noviembre, pocos dudan de que la EPA sea una de las primeras víctimas.
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