El Gobierno de Joe Biden podrá seguir interactuando con las redes sociales para combatir bulos, como hicieron las autoridades sanitarias de Estados Unidos durante la pandemia, cuando instaron a retirar mensajes de desinformación en relación con la covid o las vacunas. El Tribunal Supremo, pese a su mayoría conservadora, ha rechazado el intento de varios Estados republicanos de poner cortapisas a esa facultad. La sentencia tiene especial importancia en pleno año electoral, un caldo de cultivo propicio para bulos de todo tipo.
Por supuesto, el Gobierno no puede imponer a las redes sociales su propia política de moderación de contenidos ni obligar a retirar un mensaje u otro, pero los republicanos consideraban un ejercicio de censura contrario a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos —que consagra la libertad de expresión— el mero hecho de que las autoridades alertasen sobre ciertos contenidos. El Supremo rechaza esa tesis por seis votos a tres. Los jueces conservadores Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas han formulado un voto particular en sentido contrario.
Una decisión judicial en Luisiana prohibió cautelarmente a buena parte de la Administración Biden interactuar con las redes sociales y dirigirse a ellas, dando la razón parcialmente a una demanda republicana de 2022 en la que se alegaba que el Gobierno federal se había extralimitado. Les impedía mantener reuniones con las empresas, marcar específicamente contenidos o publicaciones para que fueran retirados, instar o presionar de cualquier modo a las redes sociales a que modifiquen sus directrices para eliminar, suprimir o reducir ciertos contenidos e incluso enviarles correos electrónicos o mensajes. Como excepciones, el juez permitía informar a las empresas de redes sociales de publicaciones que implicasen actividades delictivas y conspiraciones, así como notificar amenazas contra la seguridad nacional.
Tras varios recursos, que en parte corrigieron esa decisión, el caso llegó al Tribunal Supremo, enfrentando a los Estados de Luisiana y Misuri —bajo control republicano—, más algunos usuarios de las redes, contra la Casa Blanca. El Gobierno de Biden subrayó que con esas tesis perdería su capacidad de comunicarse con las redes sociales sobre publicaciones antisemitas y antimusulmanas, así como sobre cuestiones de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral.
Después de analizar el caso, los jueces concluyen que, “aunque el expediente refleja que los [funcionarios] demandados del Gobierno desempeñaron un papel en al menos algunas de las opciones de moderación de las plataformas, las pruebas indican que las plataformas tenían incentivos independientes para moderar el contenido y a menudo ejercían su propio criterio”.
Los jueces creen que no se ha demostrado un caso concreto en que el Gobierno presionase a una red social para que censurara un tema específico antes de que esa plataforma suprimiera el discurso de un demandante sobre ese tema. “Los demandantes, sin ningún vínculo concreto entre sus perjuicios [el contenido restringido o censurado] y la conducta de los demandados, nos piden que llevemos a cabo una revisión de los años de comunicaciones entre docenas de funcionarios federales, a través de diferentes agencias, con diferentes plataformas de medios sociales, sobre diferentes temas. La doctrina de legitimación de este Tribunal nos impide ejercer tal supervisión legal general de las otras ramas del Gobierno”, dice la sentencia, redactada por la conservadora Amy Coney Barrett.
Hay otro punto que jugaba en contra de los usuarios de redes sociales que se habían sumado a la demanda y que acusaban de censura al Gobierno: “Lo que complica el esfuerzo de los demandantes para demostrar que cada plataforma actuó debido a la coacción del Gobierno, en lugar de a su propio juicio, es el hecho de que las plataformas comenzaron a suprimir el contenido de los demandantes antes de que comenzaran las comunicaciones impugnadas de los demandados”, se indica en el fallo.
“Una presión implacable”
El voto particular discordante de tres magistrados está firmado por Samuel Alito, del extremo más conservador del Tribunal. “Durante meses, altos cargos del Gobierno ejercieron una presión implacable sobre Facebook para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses. Dado que el Tribunal se niega injustificadamente a abordar esta grave amenaza a la Primera Enmienda, disiento respetuosamente”, dice su dictamen.
El Supremo tiene pendiente decidir otros dos casos similares entre sí de aún más calado sobre la política de moderación de las redes sociales, que afectan a la esencia de las mismas. Los Estados de Texas y Florida aprobaron leyes contra esas políticas con el argumento de que imponían la censura a sus usuarios. Varias compañías tecnológicas recurrieron y el Supremo decidirá previsiblemente esta semana.
Las dos partes, los Estados y las plataformas, se envuelven en la bandera de la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda frente a la injerencia estatal. Texas y Florida consideraban que vetar mensajes y usuarios la viola; las plataformas, representadas por asociaciones del sector, denunciaban que eran esas leyes las que la vulneraban al impedirles elegir qué publicar en sus plataformas. Para los Estados, las redes sociales son más bien teléfonos, no se puede interferir en las comunicaciones; para las plataformas, más bien periódicos, con su política editorial.
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