El Gobierno quiere acabar con el fraude de los alquileres temporales. Esta modalidad se ha extendido en los últimos tiempos para eludir algunas normas que estableció la ley de vivienda, como reconocen muchos en el propio sector inmobiliario. Por eso, el Ministerio de Vivienda ha anunciado este miércoles nuevas obligaciones para quienes opten por esta modalidad de arrendamiento. El Ejecutivo prepara un real decreto en el que obligará a justificar la causa de este tipo de alquileres, que además deberán estar incluidos en el registro de pisos turísticos que se prepara conforme a la normativa europea, siempre que los inmuebles se anuncien en alguna plataforma digital y se ofrezcan por plazos inferiores a un año.
“Es necesario establecer todos los mecanismo para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y salvaguardar los arrendamientos de temporada para lo que son”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al término de la reunión del grupo de trabajo sobre alquileres temporales. Este grupo se constituyó el pasado diciembre, pasado el plazo de seis meses que establecía la ley estatal de vivienda aprobada en mayo de 2023, aunque el Ejecutivo alegó que entre medias se habían celebrado elecciones generales y se había tenido que formar un nuevo Gobierno de coalición. La de este miércoles ha sido la tercera reunión, en la que han participado sindicatos, patronal, sindicatos de inquilinos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios o cámaras de la propiedad urbana, entre otros. Eso ha provocado una disparidad de visiones que llevó a los propios sindicatos de inquilinos a desmarcarse hace una semana de los trabajos y llevar al Congreso por su cuenta una proposición de ley para regular de manera mucho más dura el arrendamiento de temporada. Esta iniciativa, respaldada por Sumar y otros grupos a la izquierda del PSOE, quería limitar a seis meses esta modalidad de alquiler y proponía aplicarle los mismos controles de precios que la ley de vivienda preveía para el alquiler convencional.
Finalmente las conclusiones del ministerio no llegan tan lejos. Con el objetivo de “salvaguardar” los alquileres temporales, ha dicho Rodríguez haciendo hincapié en profesionales o estudiantes que los necesitan, la idea pasa por reforzar la causalidad de los mismos. Un real decreto que se tramitará por la vía de urgencia fijará, mediante reglamento, cómo debe justificarse que un piso se alquiler por un periodo de tiempo determinado, y no por los cinco años que como mínimo blinda la LAU para los arrendamientos de vivienda temporal. La ministra ha explicado que eso irá en paralelo con el desarrollo del registro único de pisos turísticos y temporales, que se anunció el pasado mayo en el marco de otro grupo de trabajo, el de alojamientos vacacionales, que también coordina Vivienda. El motivo es que eso parte de un reglamento europeo que hablar de incluir cualquier inmueble que se alquile por menos de un año y se ofrezca en una plataforma digital, ha precisado una portavoz ministerial.
Rodríguez también ha anunciado medidas relacionadas con el alquiler turístico, otra modalidad que a juicio del Gobierno está esquilmando el parque de arrendamientos tradicional, lo que se traduce en más dificultades para muchos inquilinos o quienes aspiran a serlo. De hecho, también este miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la proliferación de apartamentos vacacionales es un problema “de primera magnitud”. “Si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y por tanto debe ser perseguida”, ha dicho en una entrevista en TVE Bustinduy, cuyo departamento abrió recientemente una investigación a algunas plataformas de alquileres turísticos por una posible vulneración de los derechos de los consumidores al anunciar pisos sin licencia.
En esta materia, Vivienda tiene las manos más atadas. El alquiler vacacional está específicamente excluido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las competencias en turismo son autonómicas, y luego por la vía regulatoria y del urbanismo también tienen margen de actuación los ayuntamientos. El Gobierno montó un grupo de trabajo, distinto del de alquiler de temporada, para abordar la cuestión y dentro de esas actuaciones se ha reunido con Administraciones locales y autonómicas. La capacidad del Estado al respecto, además del registro al que mandata la normativa europea, son sobre todo fiscales y a través de la Ley sobre la propiedad horizontal. En ese sentido, la ministra de Vivienda ha señalado que pretenden reformar esa norma, para lo que están sondeando ya apoyos parlamentarios. La idea es que en la misma quede claro que las casas vacacionales son una actividad económica, según ha determinado en su jurisprudencia el Tribunal Supremo y esgrime el ministerio. Ello comportaría, más allá de efectos fiscales, la necesidad de que los vecinos autoricen cualquier piso turístico, algo en lo que la norma ahora no es suficientemente clara, pese a que el Gobierno la reformó un par de años atrás para que las comunidades de vecinos pudieran vetar este tipo de pisos con una mayoría de tres quintos.
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