El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, observa con preocupación la combustión que se está generando en torno al reparto obligatorio de menores migrantes que impulsan el Gobierno central y el de Canarias con un cambio en la Ley de Extranjería. Y no quiere contribuir a ella, pero la ciudad que preside desde 2001 es una de las mayores beneficiarias de esa modificación legislativa y defiende su postura a favor de derivaciones “vinculantes y automáticas”. “Estamos ante un fenómeno que requiere de manera inapelable de un comportamiento solidario”, afirma en una entrevista telefónica con EL PAÍS. Vivas no conoce los detalles del texto acordado entre Canarias y Madrid, pero comparte la filosofía y espera que salga adelante. “Confío en el sentido de Estado de todos para abordar esta cuestión”, mantiene.
El texto con el que se pretende cambiar la ley contempla que se active una situación de contingencia migratoria cada vez que la ocupación de los centros de menores de Ceuta, Melilla o Canarias sobrepase el 150%. Se activaría entonces un reparto obligatorio por todo el territorio, basado en la renta, el desempleo, la dispersión de la población o los menores ya acogidos en cada comunidad. La modificación legislativa requiere una mayoría simple en el Congreso, además de cierto consenso entre las autonomías acogedoras, la mayoría gobernadas por los populares. El dilema que se plantea internamente es que la norma beneficia a dos ciudades autónomas gobernadas por el PP y a Canarias, donde cogobierna con Coalición Canaria. El reparto de menores, solo contando el caso de Canarias, sería de 3.000.
Vivas siempre fue un verso suelto en el PP —”antes que del partido soy presidente de Ceuta”, dice— y, ante el dilema planteado en el partido, él defiende el sí. “Nuestra capacidad es para 80 niños y tenemos 300. Somos un territorio de 20 kilómetros cuadrados sobre los 500.000 que tiene España, pero acogemos al 3% de los menores. ¿Quién no entiende que es una situación insostenible?”, cuestiona. “La situación en Ceuta es de colapso y es un perjuicio gravísimo para la atención del menor y de la ciudad en su conjunto”, advierte.
El presidente de Ceuta no aventura cuál será la posición del PP, aunque es consciente de las reticencias de algunas de las comunidades. “Todas están a favor de la solidaridad y aunque haya argumentos críticos con la actuación del Gobierno, todavía no ha habido un pronunciamiento formal”, explica. “Entiendo que no se pueda aportar más de lo que no se tiene, pero imaginemos la situación de Ceuta y Canarias, donde lo que se tiene está absolutamente desbordado”, afirma. Ante las palabras del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que este martes se ha mostrado a favor de la solidaridad, pero con límites —”no se le puede exigir a una comunidad que haga cosas que no puede atender”, dijo—, Vivas zanja: “No dudo del compromiso de Feijóo con la solidaridad. Tengo plena confianza en mi partido”.
Las comunidades más críticas, Andalucía, La Rioja, Murcia, Madrid y Andalucía, entre otras, piden más financiación, se quejan de que ya están colapsadas o reclaman nuevos criterios, distintos a los ya acordados para los repartos voluntarios, para redistribuir los menores. “Estoy de acuerdo con que el Gobierno aporte más recursos porque estamos tratando un tema de inmigración”, concede. “Pero sobre el cambio de criterios, aunque se pueda hablar de ello, creo que mientras no haya otros se tienen que aplicar los que hay. ¿Qué queremos cambiarlos? Tiempo habrá, pero en Canarias y Ceuta estamos en una situación de emergencia”, mantiene.
Mientras en Canarias y Ceuta no cesan en su pedido de auxilio, no ocurre lo mismo en Melilla. La ciudad autónoma, aunque con menos presión, sería la tercera beneficiaria del cambio legislativo y está siempre expuesta a las entradas irregulares. “La sensibilidad depende de la presión que se tenga, es la única explicación que le veo”, asegura.
Vivas tiene muy presente aún la entrada masiva de 10.000 personas desde Marruecos en mayo de 2021. Tras aquel episodio, auspiciado por las propias fuerzas de seguridad marroquíes, unos 700 niños y adolescentes se quedaron en la ciudad, cientos de ellos viviendo en las calles. Vivas y su equipo se desgañitaron pidiendo solidaridad al resto de comunidades que hasta hoy se ha traducido en el traslado de 340 menores.
El presidente de Ceuta no cree que la presión que Vox está ejerciendo en este asunto, amenazando incluso con romper los Gobiernos que mantiene con el PP en cinco comunidades autónomas, esté influyendo en el debate interno de los populares. “No comparto ninguna de sus posiciones. Aquí Vox en la Asamblea de Ceuta está en contra de la derivación de menores, pero sin ofrecer ninguna solución. No sé si lo que pretenden es que Ceuta se convierta en una ciudad refugio de menores no acompañados”, cuestiona. “Criminalizan a los menores, defienden la repatriación cuando tenemos sentencias en contra… Son planteamientos irrealizables”, añade.
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