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El PP ha optado por cargar con dureza contra la ONU frente al duro informe de este organismo contra la decisión del PP y Vox de derogar las leyes de memoria histórica en varias comunidades donde gobiernan juntos ―Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana―. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que el informe de la ONU contiene “errores de bulto” porque en Aragón no se está tramitando una ley, sino un “plan de concordia”. “Lo que dice ese informe es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con Aragón para hacer este informe”, señala Azcón. Informa Eva Pérez.
En realidad, el informe de la ONU se refiere a una ley que sí ha aprobado el Parlamento de Aragón con los votos del PP y Vox: la que deroga la ley de memoria anterior. Esta norma, por ejemplo, suprime “el centro de Memoria Democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática, el inventario de lugares y el centro de investigación de la memoria democrática”. “El departamento competente en materia de patrimonio cultural suprimirá los elementos de identificación, interpretación, señalización, difusión previstos en la citada ley”, señala el texto. También se suprime el registro de entidades de memoria democrática de Aragón. Además, deroga “las actuaciones en el ámbito educativo” prevista en la ley de memoria de Aragón, y por tanto la enseñanza de las consecuencias de la represión franquista. “Aquellas actuaciones en marcha en el momento de entrada en vigor de esta ley serán canceladas o sustituidas por actuaciones sobre la historia de Aragón”, dice esta ley, que elimina así todos los avances educativos para explicar el franquismo a los estudiantes.
El informe de la ONU señala que “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”, ya que, argumenta, “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
Azcón niega que estén haciendo una ley de memoria alternativa, e insiste en que solo quieren hacer un plan de concordia inspirado en el espíritu de la Transición. Lo cierto es que en este asunto, el PP se ha ido deslizando hacia las posiciones de Vox, que rechaza condenar el franquismo, y finalmente ha pactado con ese partido leyes regresivas en cuestiones de memoria histórica que en el caso de Castilla y León, por ejemplo, derogan una norma promovida por el propio PP cuando gobernaba con Ciudadanos y no con Vox. El presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también cargó con dureza contra la ONU: “Entiendo que [los responsables de la ONU] ni se habrán leído la ley valenciana ni conocerán la realidad valenciana. Este presidente en estos 9 meses ha firmado 422 exhumaciones”
El texto, de una dureza inusitada, anima al Gobierno central a actuar, y esto ha servido para que rápidamente el Ejecutivo salga en tromba contra el PP y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que la próxima semana comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del 33.2, el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula la invocación de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo central y uno autonómico. El objetivo, según Torres, es que el texto “entre lo que es el respeto de los derechos humanos y vuelva al cauce de la defensa de lo que son las condenas del totalitarismo y de la dictadura, de la política y también de la libertad y de la democracia”, explicó en declaraciones a los medios de comunicación, informa Guillermo Vega.
Si el Ejecutivo regional del Partido Popular y Vox rehúsa sentarse, o las reuniones concluyen sin acuerdo, el ministro recalcó su determinación de acudir al Tribunal Constitucional, y subrayó que procederán de igual manera en cuanto se presenten las proposiciones de ley en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. “El informe de la ONU es demoledor. Estamos ante una sumisión del PP a la ultraderecha. Debería reflexionar el PP. Esto va mucho más allá de las leyes de memoria. Va de la amenaza de que crezcan en Europa y en países como el nuestro visiones de que la política les pertenece y de que el totalitarismo debe vencer a la democracia”, señaló Torres. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, máximo responsable de la ley de memoria democrática, clamó contra el PP y Vox. “Qué verguenza PP-Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España”, aseguró en redes sociales.
Mientras, Alberto Núñez Feijóo, ha recomendado a Naciones Unidas y que lea “los textos” además de llevar la cuestión al terreno del terrorismo de ETA. “Decir muy claramente que para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu, no se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí”, aseguró el líder del PP. Informa Elsa García de Blas
Desde Vox también han defendido estas leyes para atacar a la ONU. “Es un informe que evidencia para qué sirven estos organismos globalistas y es para auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo. VOX no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre”, señalaron fuentes de este partido. Informa Miguel González.
Las normas llamadas de concordia del PP y Vox son una clara reacción política a la ley de memoria democrática del Gobierno, que ambos partidos han rechazado, pero el Ejecutivo insiste en que no pueden ir en contra de una norma estata. El Gobierno también ha acudido a instancias europeas frente a estas normas del PP y Vox, que no tienen ningún tipo de paralelismo en otros países europeos, donde los aliados políticos del PP, esto es los miembros del Partido Popular Europeo, tienen una posición nítida en temas de memoria y de rechazo sin matices a las dictaduras fascistas que dominaron Europa en los años 30 y que en el caso español y portugués, otro país donde la derecha no tiene dudas en la condena rotunda, se extendieron hasta mediados de los 70.
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