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El Gobierno central y el de Canarias han terminado de cerrar este martes el modelo con el que, por primera vez, serán repartidos de forma obligatoria por toda España los menores extranjeros no acompañados. La nueva fórmula vendrá definida en la Ley de Extranjería y se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. La reubicación se hará teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo, el número de menores ya acogidos o la dispersión de población, un modelo que ya habían aprobado las comunidades autónomas para repartos voluntarios y pequeños. El problema ahora es que el plan, pensado para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla, cuenta con el rechazo de varias comunidades autónomas que se niegan a asumir la acogida de grandes cupos de menores.
El plazo de entrada en vigor de esta medida está por definir, pues ambos gobiernos aún negocian si la propuesta se aprobará mediante Real Decreto-ley —como pide Canarias para que empiece a funcionar en cuanto lo apruebe el Consejo de Ministros, aunque luego sea convalidada por las Cortes— o a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Esta segunda vía requeriría más tiempo hasta su votación, y es la que propone el Gobierno central.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, busca forzar el apoyo del PP, que gobierna en el archipiélago con Coalición Canaria. “Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial”, explicó Torres a EL PAÍS.
El acuerdo supone un hito. En los últimos años ha habido varios intentos de que la acogida de menores migrantes no se concentre en unos pocos territorios, pero ninguno era obligatorio y fracasaron en su objetivo de aliviar a las comunidades de llegada y mejorar su atención. También se han firmado acuerdos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para reubicar en dos años a menos de un millar de niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta, pero el propio texto del acuerdo considera esta fórmula insuficiente. El documento viene a decir que, en determinadas circunstancias, se debe pasar de la cooperación a la obligatoriedad. “La actual situación migratoria y la necesaria prevalencia del interés superior del menor hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte del Estado”, dice el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
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