El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue un espejismo y la disputa recurrente entre el PP y el PSOE se extiende ahora a cuenta del Tribunal Constitucional. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ya avisó el martes de que no confiaba en la “imparcialidad” del órgano de garantías, que tiene dos magistrados procedentes del Gobierno y La Moncloa; y su número dos, Cuca Gamarra, ha insistido este miércoles en poner “en duda” las actuaciones de esos dos magistrados por no abstenerse en el caso de los ERE, donde el Constitucional está prácticamente vaciando de contenido las sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo contra ex altos cargos socialistas andaluces. El Gobierno y el PSOE han respondido acusando al PP de lanzar una “cacería” que sitúa a ese partido fuera del “sistema institucional”.
Alberto Núñez Feijóo marcó el camino el martes, en una entrevista en Onda Cero en la que cuestionó la imparcialidad del Constitucional, y sus colaboradores le siguieron inmediatamente. Cuca Gamarra, profundizó primero en Tele 5 y luego en la sede del partido en la idea de que el órgano de garantías ahora funciona para el Gobierno como “un tribunal de casación para anular sentencias”. Se refería al caso de los ERE, que insistió en considerar como “el mayor caso de corrupción de la historia” democrática de España “al permitir que 680 millones de euros que tendrían que haber llegado a los parados de Andalucía nunca llegaran”.
El PP mantiene que las recientes sentencias del Constitucional corrigiendo la sentencia original de la Audiencia de Sevilla —ratificada en 2022 por el Supremo— y dando amparo, total o parcial, a los recursos de varios afectados abundan en su impresión de que el tribunal actúa de parte al funcionar “como instancia de casación de sentencias”. Eso, según Gamarra, provoca “asombro” y “no reconforta a la sociedad española”. La número dos del PP puso como ejemplo de sus dudas de imparcialidad los casos del propio presidente del Constitucional, el veterano magistrado Cándido Conde-Pumpido, al que acusó de no abstenerse ahora en estas causas que atañen a socialistas cuando sí lo hizo en su día cuando estaba en el Tribunal Supremo.
El PP también cuestiona la presencia en el Constitucional del exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo y de la exdirectora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez. Gamarra entiende que, desde que llegó a la presidencia del tribunal Conde-Pumpido, el órgano “ya no funciona con criterios de unanimidad sino de bloques”.
Esta nueva tanda de acusaciones contra el funcionamiento del Constitucional ha espoleado la reacción del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que las ha tachado de “cacería”. Eso le ha servido para ubicar al PP de Feijóo “fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha”. Esta posición de Bolaños ha sido refrendada casi en los mismos términos por el PSOE de Andalucía, el principal perjudicado judicial, política y electoralmente por el caso de los ERE en estos años. La portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha afirmado que con estas revisiones de condenas propiciadas por el Constitucional “se acabó la cacería política, jurídica y mediática y el juego sucio que llevó al PP de [Juanma] Moreno y a la ultraderecha al Gobierno andaluz”. Férriz ha añadido que el Ejecutivo autonómico popular ha sido incapaz de gobernar y se ha cargado los derechos conquistados por los anteriores gobiernos socialistas.
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