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A escasas horas de que arranque la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, y ante la falta de apoyos parlamentarios, la parte socialista del Gobierno ha decidido retirar in extremis, este jueves a las 8.00, el proyecto de Ley del Suelo que iba a debatir el pleno del Congreso a partir de las 9.00. Con este movimiento, el PSOE ha evitado una segunda derrota en sede parlamentaria en menos de 48 horas, después del fracaso que sufrió el martes su iniciativa para endurecer las penas contra el proxenetismo. Los socialistas sabían que varios de sus socios de investidura —incluido el miembro minoritario del Ejecutivo, Sumar— rechazaban el texto, pero confiaban en el sostén del PP para sacar la norma adelante. Sin embargo, los populares amenazaron el miércoles con no apoyar la norma para “evidenciar” la “debilidad parlamentaria” del presidente Pedro Sánchez, como aseguraron fuentes de Génova. El Ministerio de Vivienda justifica la retirada de última hora “para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral”, según el comunicado difundido por el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
El Gobierno aprobó la Ley del Suelo en Consejo de Ministros el pasado marzo, pero con el rechazo, dentro del propio Ejecutivo, de Sumar, y fuera, de buena parte de los grupos que sostienen al Gobierno en el Congreso. Junts, Podemos y ERC promovieron enmiendas a la totalidad para tumbar el texto, que se iban a debatir este jueves. El PP, que se abrió en un primer momento a negociar la ley y no presentó enmiendas a la totalidad, estaba dispuesto a apoyar hoy las registradas por otros grupos, para favorecer que Sánchez sufriera “un nuevo golpe”, según admitían fuentes populares.
“Atendiendo a la desesperanza, lo que hago es poner esta norma a disposición de los grupos”, ha dicho Isabel Rodríguez a los periodistas, en una comparecencia en el patio del Congreso, poco después de conocerse la retirada de la iniciativa. La ministra de Vivienda no ha especificado a qué se refería con poner el texto “a disposición de los grupos”, pero fuentes del departamento aclaran que, de momento, renuncian a volver a tramitar la norma como proyecto de ley para que sean los grupos parlamentarios quienes la tramiten como proposición de ley, incluso aunque no parta del PSOE.
Rodríguez ha cargado casi exclusivamente contra los populares, a quienes ha acusado de dejar “a un lado el interés general” para poner una “zancadilla” al Ejecutivo en pleno “furor electoral”. “El Gobierno no va a participar del juego del PP queriendo embarrar con lo que sea”, ha dicho. Fuentes de su gabinete explican que en las últimas horas se comunicaron con la vicesecretaria popular Paloma Martín, encargada del área de Vivienda en la dirección del PP, pero que ella no quiso confirmar el sentido de su voto si hoy se debatía el proyecto. Las mismas fuentes aseguran que la semana pasada el PP sí se abrió a apoyar la ley negociando enmiendas parciales.
Sumar criticaba la ley al considerar que limita la intervención pública y fomenta la cultura del pelotazo, mientras que Junts y ERC centran sus quejas en cuestiones competenciales. “Una ley que está destinada a eliminar restricciones a los posibles impactos medioambientales y a dificultar la acción popular en los planes de ordenación urbanística es una ley del pelotazo más propia de la senda que marcó Aznar. Por eso el PSOE aspiraba a sacarla con el PP”, ha criticado el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, en los pasillos del Congreso. El diputado ha manifestado su deseo de pactar una nueva norma. “Habrá que rehacerla, habrá que volverla a discutir y sacar una que esté en línea con las dos prioridades fundamentales del país: lucha contra el cambio climático y favorecer el acceso a la vivienda”.
Alberto Ibáñez, de Compromís, ha abundado: “Es el momento de la negociación, de tender la mano y mejorarlo [el texto]. Es fundamental entender que poner más vivienda a disposición del mercado no permite que bajen los precios: ya lo vivimos en la burbuja inmobiliaria. No da más seguridad jurídica ni a los ayuntamientos ni a las asociaciones ni a la ciudadanía, sino a las grandes constructoras”. Pese a las llamadas al entendimiento, fuentes de Sumar no descartan que el PSOE vuelva a llevar a la Cámara baja la misma norma, sin modificaciones, una vez pase la campaña electoral, contando, entonces ya sí, con el apoyo de los populares.
También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado la retirada de la ley, y ha afirmado que el Gobierno no se ha “puesto en contacto” con su partido en ningún momento y que se han enterado solo unos minutos antes del anuncio. Desde ERC se ha pronunciado su portavoz Gabriel Rufián, que ha visto “normal” la retirada de la norma. “[Normal] Porque lo iban a perder, y dramático, porque hay un camino que no quieren recorrer, que es el del diálogo y la interlocución”, ha dicho.
Con la retirada de la iniciativa, la formación de Alberto Núñez Feijóo ve reforzado su argumento de que el presidente del Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para continuar con la legislatura. “La soledad del presidente no tiene precedentes. El Gobierno no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros”, han señalado los populares en una nota distribuida a los medios esta mañana. Una estrategia que ha criticado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que en los pasillos de la Cámara baja ha mostrado su incomprensión por el rechazo del PP a un texto “razonable que pedía la FEMP”. La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó por unanimidad un documento ensalzando la ley del suelo cuando esta entidad aún estaba dirigida por el PSOE pero integrada también por alcaldes del PP.
La Ley del Suelo ya había recibido el visto bueno del Gobierno en diciembre de 2022, pero decayó, antes de que pudiera avanzar en las Cortes, por el adelanto electoral. El PSOE la llevó al Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo, impulsada por el Ministerio de Vivienda, que pretende con la norma limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, según el departamento de Isabel Rodríguez.
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