Tras derogar, el pasado febrero, la ley de memoria de la comunidad, el consejo de Gobierno de Aragón, integrado por el PP y Vox, ha aprobado este miércoles el llamado Plan para la Preservación de la Concordia, que evita referirse al franquismo o la Guerra Civil y solo hace una referencia general a las víctimas de la violencia “ejercida por regímenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas o individuos sometidos a ideología extrema por motivos políticos, ideológicos o religiosos”. El Tribunal Constitucional dejó en suspenso la norma por la que el Ejecutivo aragonés derogó la ley de memoria al admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra la decisión del bipartito de derecha y extrema derecha. después de que el gobierno autonómico rechazase sentarse a negociar.
La vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, ambas del PP, han reivindicado este miércoles en rueda de prensa el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox para llevar a cabo las medidas que estimen convenientes. Vaquero insistió en que el plan ampara a “todas” las víctimas de violencia ideológica, sugiriendo de nuevo que la normativa derogada no lo hacía —lo que es falso—, y presentó el nuevo plan de Concordia como una vacuna contra aquellos “actos que de forma ignominiosa tratan de hacer un borrado ideológico de la historia”. En realidad, es el Gobierno de Aragón el que, literalmente, al excluir esos términos del texto legal, tratan de borrar lo que supuso la Guerra Civil y la represión franquista. Al preguntar por qué habían evitado esos conceptos en el texto, la consejera de presidencia se limitó a decir: “Todo el mundo sabe quiénes son los que están en las fosas. No hace falta ser muy perspicaz”.
El plan, añadió Vaquero, consta de tres ejes y 10 objetivos específicos: “Convivencia entre personas y colectivos de personas diferentes, respeto de valores democráticos para neutralizar los discursos discriminatorios, eso ya fue superado” y la búsqueda y documentación de las víctimas que se encuentran en las fosas. Pese al discurso del PP y Vox no consta, mientras ha estado en vigor la ley de memoria, que tal legislación haya provocado conflicto alguno o problemas de convivencia. El plan incluye un apartado para “unificar el relato” en palabras de la vicepresidenta segunda y “fomentar con rigor una investigación en torno a la violencia por motivos ideológicos”. Los historiadores han hecho ya ese trabajo. Falta, como han pedido en multitud de ocasiones, que ese conocimiento llegue a los colegios. El Gobierno de Aragón contará con 110.000 euros para la apertura de fosas.
Las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron en la votación del Consejo Territorial de Memoria del pasado junio donde se repartieron las partidas presupuestarias para este área en lo que queda del año, pero recibirán, en todo caso, las cantidades acordadas. Las actuaciones para exhumación e identificación en ocho fosas se harán con cargo al presupuesto de la comunidad y otras nueve con financiación del Gobierno central.
El Boletín Oficial de Aragón publicó el pasado 29 de febrero la derogación de la ley de memoria aprobada en 2018. El texto —pese a que las autoridades de la comunidad lo negaron posteriormente— dice expresamente que “quedan suprimidos”, entre otros, el censo de memoria democrática o el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre la materia y se especifica que se cancelarán o sustituirán “las actuaciones en el ámbito educativo” previstas en la norma y referentes a “la historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española”.
El pasado 7 de mayo, el presidente autonómico, Jorge Azcón, del PP, envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para manifestarle su oposición a las conclusiones del informe de tres relatores de la ONU que alertaban de que la decisión del Gobierno aragonés incumple las obligaciones contraídas por España en materia de defensa de los derechos humanos. La misiva de Azcón contenía mentiras e imprecisiones, como asegurar que la ley derogada “relativizaba” los crímenes cometidos por el bando republicano y “limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra” (el texto legal derogado reconocía expresamente “las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario”) o asegurar que los relatores habían basado su análisis en “información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España”, cuando lo que hacían en su informe era examinar el texto legal ya publicado en el Boletín Oficial de Aragón.
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