Los políticos catalanes invocan su proclividad a apurar los plazos hasta el límite para dejar puertas abiertas sobre si en ocho días habrá un candidato con garantías, o incluso sin ellas, a presidir la Generalitat. A día de hoy, el proceso de construir una mayoría en torno al candidato que ganó las elecciones catalanas, el socialista Salvador Illa, camina con enorme dificultad. La otra posibilidad, que sea Carles Puigdemont, candidato de Junts, aún se vislumbra más lejana. La opción del PSC, con el beneplácito sin matices ni tapujos del PSOE, de su máximo líder y jefe del gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene invariable en conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El cortejo a ERC se practica a cara descubierta. El problema es múltiple. La primera cuestión es saber quiénes tienen capacidad de interlocución y decisión en el partido republicano y soberanista para dar el sí a la investidura de Illa.
Todos los interrogantes carecen de respuesta a corto plazo porque el proceso interno de ERC está en sus comienzos. Ahora mismo no hay un criterio unívoco en el partido sobre si la primera decisión del proceso de reflexión abierto, tras la debacle electoral del pasado 12 de mayo, debe ser apoyar al PSC.
Ante esta incertidumbre, los socialistas observan los movimientos internos de ERC como si se tratara de un proceso propio. Les va el Gobierno catalán en su resultado. El marco en el que se mueven lo tienen bien definido: quién gana en ERC y con qué decisiones respecto al gobierno de la Generalitat y el central. No es fácil. Dentro de las bases republicanas, los partidarios de rechazar la opción de compartir destino con los socialistas no son pocos. ¿Quiénes son más? La respuesta no está aún definida, testada ni verificada. Sí saben en el PSC, también en amplios sectores de ERC, que Junts per Catalunya les sigue muy de cerca, presto a denunciar ante la sociedad catalana afín al soberanismo su entrega al PSC, al PSOE, a Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha implicado directa y personalmente para allanar el camino a la investidura de su amigo y líder del partido hermano, Salvador Illa. No podía ser de otra manera, toda vez que las demandas de ERC solo pueden ser satisfechas por el Gobierno de España. La principal exigencia es la de una financiación “singular” para Cataluña, cuyo apellido otorga munición de grueso calibre contra Pedro Sánchez al PP, a sus comunidades autónomas y a alguna del PSOE.
El escollo no es pequeño. En ERC, los partidarios del no es no a apoyar a un socialista para que gobierne Cataluña opinarán sobre el modelo de financiación que se les pueda ofrecer, pero sin que haya relación causa efecto con la investidura del próximo presidente de la Generalitat. La otra variable está en el campo del Gobierno de España: la propuesta que va a ofrecer será o no suficiente para que incluso los más receptivos en el campo republicano puedan considerarla aceptable. Tampoco está asegurado. La alternativa al bloqueo total será la repetición electoral en el mes de octubre, previa convocatoria a últimos del mes de agosto. Solo le interesan elecciones a los de Junts, en absoluto a ERC. Y el PSC no las teme.
En el cesto de cerezas que entrelaza a la formación del Govern en Cataluña y la estabilidad del Ejecutivo central entra de lleno la aplicación de la Ley de Amnistía. No solo Carles Puigdemont tiene muchas razones para pensar que su libre albedrío está en entredicho a corto plazo, sino también el dimitido líder de ERC, Oriol Junqueras, cuya inhabilitación para ostentar cargo público, previa recuperación de su derecho a ser elegido, parece que seguirá vigente, por lo que trasciende de las posiciones que están manteniendo las más altas instancias judiciales competentes.
Sus argumentos dicen ser estrictamente jurídicos, al igual que los que sostiene el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien defiende que los delitos a amnistiar abarcan la totalidad de los que pesan sobre los líderes del procés . El Tribunal Supremo les condenó por malversación y la propia sentencia señala que esta se produjo sobre recursos del Estado y no de la Unión Europea, que es uno de los argumentos de los fiscales del Supremo para rechazar la amnistía. La propia sentencia sobre el procés servirá de apoyo argumental a Álvaro García Ortiz ante los fiscales que en su día vieron delito de rebelión en los dirigentes independentistas juzgados donde el tribunal sentenciador vio y condenó por sedición.
Tampoco tiene dudas jurídicas el fiscal general de la corrección de su actuación en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía no difundió ningún dato personal sino que salió al paso de una flagrante falsedad, sostendrá el Fiscal si es llamado a declarar judicialmente. Su certeza es tal que, pase lo que pase, incluido que le imputen, no dejará su cargo. El Gobierno no le puede cesar. Será un nuevo Ejecutivo el que pueda relevarle, pero no habrá elecciones generales a medio plazo, a no ser que desde Cataluña se haga zozobrar la nave del Estado.
