Si el camino para que el socialista Salvador Illa, ganador de la elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, llegue al Palau de la Generalitat ya se antojaba empinado y costoso, desde este sábado la pendiente se ha hecho más vertiginosa. Esquerra Republicana, cuyos votos (junto con los de los comunes) son necesarios para la investidura, ha anunciado que quiere sellar un “preacuerdo” en julio, para evitar así apurar el plazo legal antes de convocar elecciones, que vence el 26 de agosto. Pese a la voluntad de acuerdo repetida por Illa estos días, se antoja ahora más complicado aterrizar el encaje de demandas poliédricas y polémicas de los republicanos, como la financiación singular para Cataluña o los avances hacia el referéndum.
El ímpetu con que Illa celebró la primera victoria del PSC en escaños y votos en Cataluña se atemperó con el paso de los días. El primer jarro de agua fría llegó con el pacto independentista para hacerse con el control de la Mesa del Parlament, pese a no contar con la mayoría absoluta que habían ostentado en la última década. Si bien los republicanos siempre habían separado la negociación del órgano rector de la Cámara con el de la eventual investidura —no entrarán, de momento, en ningún Govern—, la decisión daba pistas a los socialistas de que habría que afinar el tono. Y hacer cesiones. Una de las más importantes se produjo el pasado viernes: el PSC apoyó cambiar el reglamento del Parlament, junto con los independentistas y comunes, para incluir supuestos para el voto a distancia, lo que permitirá votar, entre otros, al expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia española. La legislatura pasada, los socialistas plantearon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el voto delegado del exconsejero Lluis Puíg, también huido.
PSC y Junts, los dos partidos que coquetean con los republicanos para lograr su apoyo, ofrecen dos fórmulas de viabilidad muy desigual. El pacto de izquierdas suma 68 diputados, contando también a los comunes, mientras que el de signo independentista implica el sí de la CUP y que los socialistas se abstengan a favor de Puigdemont. Hasta ahora, el foco estaba puesto en el día 26 de agosto, fecha límite para celebrar la sesión de investidura. Si es desierta, es decir, si ningún candidato tiene los 68 votos, se activará el reloj para convocar en dos meses nuevas elecciones. Illa dijo el pasado 20 de junio en TV3 que “en ningún caso” dará un paso al lado para que Puigdemont presida de nuevo el Govern.
Los republicanos fijan sus peticiones en asuntos que precisan la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez: desde la financiación al referéndum. Quedan cuatro semanas y media para que los socialistas, a un lado y otro del Ebro, cuadren un sudoku de alta complejidad:
El nuevo modelo de financiación. El president Aragonès presentó en marzo una propuesta de un nuevo modelo de financiación “singular” para Cataluña basado en que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos y que contribuya a un fondo de solidaridad interterritorial de forma temporal. Su objetivo es tener, dicen, “la llave de la caja” y acabar con un déficit que cifran en 22.000 millones de euros. El PSC no está en esa órbita: plantea crear la Agencia Tributaria Consorciada, formada por la Administración Central y la Generalitat, que recaudaría todos los impuestos. El Gobierno, la última vez por boca de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acepta negociar elementos de singularidad de Cataluña, siempre dentro del régimen común, sin aclarar cuáles. Illa sí ha enviado señales de querer cambiar la ordinalidad: actualmente, los catalanes son los terceros en aportar y están la decimotercera posición a la hora de recibir transferencias. Rovira defendió el sábado que este tema es la piedra angular del acuerdo y que “no hay excusas” para no sacarlo adelante.
El referéndum. ERC sostiene que el referéndum tiene encaje constitucional. Antes de la campaña, Aragonès presentó un informe del Instituto de Estudios de Autogobierno, dirigido por el jurista y exlíder de ERC Joan Ridao, que defiende que lo ampara el artículo 92 de la Carta Magna: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, estipula el precepto. El estudio no fija umbral de participación pero sí que, de acuerdo con la Comisión de Venecia, la pregunta sea binaria y clara. El PSC rechaza cualquier avance en este objetivo al alegar que es divisivo y que Cataluña, con los resultados en la mano, ha pasado página. ERC le reclama que abandone ese relato y recuerda, además, que el PSC también aseguró por activa y por pasiva que no habría amnistía.
El traspaso de Rodalies. El primer embrión del procés fue, en 2007, una multitudinaria movilización por el mal estado de Rodalies, el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña. Diecisiete años después, el rosario de averías es casi diario y tan abultado que muchos ciudadanos renuncian a coger el tren para ir a trabajar por no ofrecer certeza en sus horarios. El PSC atribuye el rosario de incidentes a la falta de inversión en la última década. Uno de los acuerdos de investidura entre el PSOE y ERC fue el traspaso de Rodalies limitado al final a las tres líneas regionales (la R1 en el Maresme, el enlace entre L’Hospitalet-Vic-Puigcerdà y la línea R2 hasta Sant Vicenç de Calders) que no interconectan otras comunidades ni con la frontera. Los comunes reivindican también apostar más por los trenes como medio básico de transporte en lugar de las autovías.
Megacasino Hard Rock. ERC y PSC reprochan a los comunes haber sido los culpables de forzar el adelanto electoral por su categórico rechazo al proyecto del Hard Rock, en Tarragona, un faraónico complejo hotelero con 100 mesas de apuestas y 1.200 máquinas tragaperras. Semejante escollo, durante la negociación de la investidura, se ha ido diluyendo. De insistir en que no entrarán en ningún Ejecutivo que no frene un proyecto que necesita tanta agua como una ciudad mediana de 50.000 personas, los comunes han pasado a ni mencionarlo en sus discursos. La jefa de filas, Jéssica Albiach, no hizo ninguna referencia la semana pasada en el pleno que constató que aún no hay candidato a president. Allí centró sus esfuerzos en un pacto para combatir la crisis habitacional. En las filas del PSC insisten que no se puede tirar atrás el proyecto (habría que indemnizar a los promotores que ya tienen las licencias para operar), pero los comunes replican que se puede aumentar la fiscalidad en el juego para hacerlo inviable. Una senda que comparte ERC.
Vivienda, educación, sanidad y renovables. El último mandato expiró con la caída del decreto de Aragonès para regular el alquiler de temporada de habitaciones, que buscaba poner trabas a quienes pretendieran burlar la limitación del precio del alquiler. El PSC se abstuvo y el texto decayó. Albiach lo consideró “incomprensible” y adelantó que exigirán rescatarlo para apoyar a cualquier gobierno. Los comunes ponen en valor sus seis votos y avisan de que quieren mejoras en políticas de vivienda, educación (la recuperación de la sexta hora en la escuela pública), sanidad y renovables, donde Cataluña está a la cola.
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