La imputación de la exvicepresidenta Verónica Abad por concusión -cuando un funcionario actúa en beneficio propio- ha reabierto la polémica sobre la corrupción que empaña a Ecuador. No es la primera vez que en el país una funcionaria de este calibre es denunciada por un delito que los ecuatorianos simplifican con el término “diezmo”, que consiste en que los empleados que contratan tienen que pagarle parte de su sueldo para que así los admitan, como hacen sus seguidores con los pastores evangélicos. La misma controversia también salpicó en 2020 a María Alejandra Vicuña, sustituta de Jorge Glas en la vicepresidencia del Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021). Pero no es solo en la política: ese es el precio a pagar también para que te contraten en un hospital como médico, como policía o como fiscal. Las pandillas también se lo cobran a los negocios de los barrios que controlan. El diezmo es la regla.
Vicuña tenía una vasta trayectoria en la política. Fue asambleísta por Alianza País y ocupó el cargo de ministra de Vivienda antes del inesperado final del exvidepresidente Jorge Glas, sobre el que cayeron dos condenas por corrupción. No cumplía un año en el cargo cuando fue denunciada por Álex Sagbay, quien fue su asistente administrativo en el tiempo que ella fue asambleísta (2011-2013). El denunciante presentó recibos bancarios con transferencias mensuales a su cuenta personal, que según dijo, fue Vicuña quien le pidió para financiar el movimiento Alianza Alfarista Bolivariana. Cuando a Sagbay lo ascendieron al cargo de asesor con un salario de 3.300 dólares, el diezmo también aumentó al 42%, es decir, 1.400 dólares. Sagbay aseguró que llegó a entregar entregó alrededor de 20.000 dólares por los tres años que trabajó para la entonces asambleísta. “Nadie ha condicionado ni el ingreso, ni la permanencia, ni menos su estabilidad laboral”, defendió en ese momento Vicuña.
Cuando la denuncia fue pública, el presidente Lenin Moreno le retiró todas sus funciones. Vicuña renunció al cargo para defenderse y los jueces la imputaron. Fue sentenciada a un año de prisión y al pago de una indemnización. Pero no era la primera vez que ocurría un caso parecido en la Asamblea.
La legisladora Karina Arteaga exigió pagos en efectivo a cuatro trabajadores asamblearios para pagar la cuota de un carro recién comprado, al personal doméstico de su casa y gastos de tarjetas de crédito. En total, más de 45.000 dólares. El tribunal le puso una condena a seis años de prisión y el pago de una multa. Un juzgado suspendió la pena para evitar su entrada a la cárcel. Y sucedió lo mismo con el caso de Norma Vallejo en 2017, la primera funcionaria de la Asamblea sentenciada por exigir aportes para cancelar deudas personales, gastos de su despacho, pagos de eventos y gastos del movimiento Alianza PAÍS. Un total de 18.000 dólares. La declararon culpable, pero no entró en prisión por decisión de los jueces.
La desconfianza en la Justicia se evidencia en datos. Desde el 2018, cuando se hicieron públicos estos casos, se registraron 265 denuncias por concusión, pero solo el 7% tuvo una resolución. La gran mayoría fueron sobreseídos, abandonados o extinguidos, según el Consejo de la Judicatura. Las sentencias ejemplificadoras han convertido al diezmo en una práctica de la función pública que atraviesa desde los altos poderes hasta mandos medios de hospitales públicos. Un caso destacable fue el de Juan, un doctor que postuló al cargo de médico residente en un hospital de la seguridad social. “Me pidieron 1.000 dólares para ingresar. Te establecen hasta las formas de pago, 500 dólares para asegurar el puesto y otros 500 cuando ya estás adentro”, explica el médico. Los trabajadores públicos que han obtenido un título universitario o maestrías para mejorar su perfil profesional, dan por hecho que para obtener una plaza en una institución pública deben pagar una coima por el trabajo que desempeñan.
El diezmo está en todo. Las últimas investigaciones que lleva adelante la Fiscalía evidencian que la cadena de corrupción llega incluso al sistema judicial. La cuota se ha instaurado en la médula de la sociedad, que incluso las bandas criminales cobran un diezmo a negocios, transportistas, escuelas, maestros o por vivir en determinados barrios.
Por ahora la vicepresidenta Verónica Abad no responderá a la Justicia por el presunto delito de concusión tras la decisión de la mayoría de la Asamblea de no autorizar su enjuiciamiento penal. Pero como se trata de un delito que no prescribe, la Fiscalía adelantó que cuando la segunda mandataria ya no goce de inmunidad será llevada a los tribunales. Por ahora, el caso Nene deberá cambiar nuevamente de delito porque su hijo, Sebastián Barreiro Abad, que es el único vinculado hasta ahora, no es un funcionario público. Tampoco lo es Daniel R., el asesor que no consta en la plantilla de empleados de la Vicepresidencia y que el denunciante reconoce como uno de los negociadores que le pidieron una cuota mensual del 40% de su sueldo que presuntamente le exigieron por trabajar con la vicepresidenta. El diezmo lo pudre todo.
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