El Tribunal Constitucional ha concedido este miércoles amparo parcial al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández García, condenado a siete años y 11 meses de cárcel, e inhabilitación absoluta durante 19 años y medio, por delitos de prevaricación en concurso medial con malversación. Fernández García está en prisión, y la Audiencia de Sevilla deberá decidir ahora en qué medida rebaja esa pena. El Constitucional concluye que, durante el proceso, la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo vulneraron el principio de legalidad penal. Este es el tercer ex alto cargo de la Junta que es exonerado, total o parcialmente, por el órgano de garantías.
La primera sentencia del caso de los ERE —el reparto fraudulento de ayudas públicas a empresas en crisis en Andalucía entre 2000 y 2009, que el PP siempre ha calificado como el mayor caso de corrupción de la democracia— la dictó en 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla. Fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía de época del PSOE, incluidos dos expresidentes: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En 2022 el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia para 15 de los condenados —seis de los cuales entraron en prisión— y absolvió a tres. Otro falleció. Aquella sentencia sostenía que, entre los años 2000 y 2009, el Gobierno andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, en medio de un “descontrol absoluto”, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”.
Doce de los condenados acudieron al Constitucional, que en las últimas semanas ha resuelto cuatro de esos recursos: el de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación (a quien concedió amparo parcial); el del exconsejero de Empleo José Antonio Viera (un recurso que el tribunal desestimó de plano por un defecto de forma, por lo que Viera sigue cumpliendo cárcel por malversación, aunque en régimen de semilibertad por su estado de salud); el de Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector de la agencia pública encargada de pagar las ayudas a las empresas en crisis (condenado por malversación y que salió de la cárcel este martes tras recibir el amparo del Constitucional) y ahora el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández García.
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