La tregua ha durado menos de una semana. La ley de amnistía y la forma de interpretarla del Tribunal Supremo, que de nuevo enmienda la plana al Congreso ―ya lo hizo con la reforma de la sedición y la malversación― ha dinamitado el ambiente de cierta calma entre los dos grandes partidos después del primer gran pacto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La batalla no puede ser más evidente. El PP se aferra al Tribunal Supremo, con una aplastante mayoría conservadora en la Sala de lo Penal, que ha bloqueado la aplicación de la amnistía para los principales líderes independentistas. Los progresistas, por su parte, confían en el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista desde la última renovación. Este órgano tendrá la última palabra ante los más que previsibles recursos de amparo de los afectados contra la decisión de la sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena.
Sin embargo, las formas de mostrar su apoyo o recelos con estos dos tribunales son muy diferentes: mientras Feijóo se lanzó con dureza y abiertamente contra el Tribunal Constitucional al dudar abiertamente de su imparcialidad y criticar a su presidente, Cándido Conde Pumpido, el Gobierno dejó caer ayer que el Supremo no está interpretando bien el texto aprobado de la ley de amnistía. El Ejecutivo, pese a esa insinuación, mantuvo la cautela e insistió en que respeta las decisiones del Supremo mientras exigía a Feijóo que haga lo mismo con el Constitucional y retire sus palabras sobre este organismo.
La mañana arrancó con fuerza. El PP, que ha pactado en todo momento con el PSOE la renovación del Constitucional ―los tres magistrados conservadores que han entrado en los últimos tres años son personas de confianza de este partido como Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y el último, José Mario Macías― lleva ya meses lanzando dudas contra este organismo porque ahora tiene mayoría progresista.
El Gobierno de turno elige cada nueve años a dos miembros del Constitucional, según la Constitución. Los otros 10, hasta completar los 12, se suelen elegir de forma pactada en el Congreso (4), el Senado (4) y en el CGPJ (2). Por eso son siempre los dos miembros elegidos por el Gobierno los que desempatan, porque no tiene que pactarlos con nadie y elige siempre dos de su ideología. Cuando gobernaba el PP y tocó renovar estos dos miembros del Gobierno, en 2013, cambió la mayoría a conservadora. Mariano Rajoy nombró a Enrique López ―que fue después consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y antes vocal del CGPJ a propuesta del PP― y Pedro González Trevijano. En esa época presidió el tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, afiliado del PP y al corriente de pago en las cuotas de la formación conservadora durante su permanencia en el Constitucional. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero había elegido a Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes. Este último se uniría a los conservadores en la sentencia del Estatut. En 2022, Pedro Sánchez eligió a dos personas muy cercanas al PSOE: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa. Este es el argumento que usa ahora Feijóo para criticar al Constitucional, además de decir que Conde Pumpido fue fiscal general con el PSOE. Pero entre 2013 y 2022, mientras el Constitucional tuvo una mayoría conservadora con miembros muy cercanos al PP —entre ellos Andrés Ollero, que fue diputado varias legislaturas— ni Feijóo ni nadie de su partido puso en duda la imparcialidad del Constitucional.
En el Ejecutivo recuerdan que el PP hizo todo lo posible para que no se renovara el Constitucional en 2022, y logró bloquear este paso unos meses. El PSOE decidió entonces tragarse sapos muy criticados, como la elección de Arnaldo, con la vista puesta en la renovación definitiva que llegó en 2022 y que ahora marca una mayoría progresista de 7-5 para nueve años, hasta que se renueve otra vez los dos que le tocan al Gobierno en 2031.
El Gobierno se mostró muy duro con Feijóo por estas críticas al máximo intérprete de la Constitución. La portavoz, Pilar Alegría, puso en cuestión, con cautela, pero con un claro mensaje de fondo, la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía gracias a una interpretación novedosa de la malversación, al entender que sí hubo enriquecimiento porque los líderes del procés se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de su bolsillo para organizar el referéndum que el Constitucional declaró ilegal. “Desde el Gobierno queremos decir que la ley fue aprobada por mayoría absoluta. El texto es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Corresponde la aplicación a los jueces, pero es muy claro el objeto y objetivo de la ley. Somos conscientes de los efectos positivos de la ley de amnistía. Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley”, remató como un claro mensaje de rechazo al Supremo.
Justo antes de que interviniera Alegría, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiso entrar en el asunto, incluso aunque no hubiera una pregunta directa, porque quería dejar clara la posición de Sumar, que es más dura con los jueces y con el PP que la del PSOE. Díaz fue muy crítica con Macías, el candidato del PP al Constitucional asumido por el PSOE pero también por Sumar, que lo votará. “Que el PP critique al Constitucional cuando ha designado al señor Macías para ese tribunal se descalifica por sí mismo, señaló Díaz. Y sobre el Supremo también fue crítica. “Pasan cosas extrañas en nuestro país. Hemos visto como el CGPJ emitía informes para los que no tenía competencia, o emitía un informe de una ley [la de amnistía] que aún no existía. Si viniésemos de un país lejano y viésemos lo que pasa aquí nos sorprenderíamos. Es una burla que hayamos estado cinco años con CGPJ paralizado y algo tuvo que ver en todo esto el señor Macías”, insistió.
Díaz además apuntó que ella defiende que en el paquete de regeneración democrática que está preparando el Gobierno también debería haber cuestiones relativas a la justicia, no solo sobre los medios. “Hay que cambiar el acceso a las altas instancias del Estado. Además, Rajoy eliminó la responsabilidad civil de los jueces. Es el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace a pesar de que vemos procesos que tienen el sesgo que tienen. Su actuación profesional no tiene consecuencias. En cualquier otra profesión las tienen. Tendremos que dar un debate sobre la responsabilidad. Cuando hablamos de democratizar nuestro país hablamos de esto, aunque será el presidente el que haga los anuncios el día 17″, sentenció dejando esa puerta abierta. El malestar del Gobierno con la decisión del Supremo es así muy evidente, se exprese con más o menos rotundidad ―el sector socialista insistía en que la opinión del Ejecutivo la expresa la portavoz y no la vicepresidenta segunda― y ahora desde el Gobierno se confía en que tanto el Constitucional como la justicia europea, si alguien acude a ella, den la razón al Ejecutivo y hagan cumplir de forma completa la ley de amnistía en unos meses.
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