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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado dos denuncias contra el Ayuntamiento de Teruel por la celebración en esta ciudad de un show protagonizado por personas con enanismo. En la primera, el ministerio ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias contra el consistorio turolense debido a que el espectáculo supone una infracción de la ley general de derechos de las personas con discapacidad. En la segunda, ha solicitado al Gobierno aragonés que abra un expediente sancionador. “Estos espectáculos provocan dolor en las personas con displasias óseas, y son vistos por niños y niñas a quienes les inculcan así la mofa a las personas con enanismo”, ha expresado este miércoles el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín.

El pasado martes se celebró el espectáculo Popeye Torero y vaquillas infantiles a cargo de la compañía Patycar Eventos SL, un show contratado por el Ayuntamiento turolense para celebrar las Fiestas del Ángel, que está protagonizado por personas con enanismo. Este tipo de espectáculos están prohibidos en España desde 2023 por exponer a la mofa pública a personas con enanismo, después de que en 2019 este tipo de prácticas “denigrantes” fueran denunciadas por Naciones Unidas en el examen periódico a España sobre el cumplimiento de la Convención de la Discapacidad. El año pasado, se incluyó esta prohibición en la ley de trasposición de directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, en una disposición que modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad.

“Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”, consta ahora en la ley. La norma establece, además, que las personas con discapacidad “participarán en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas, comprendidos los taurinos, sin discriminaciones ni exclusiones”. Y establece que las administraciones públicas promoverán políticas y acciones públicas para que las personas que se han dedicado laboralmente a estos espectáculos puedan “incorporarse a ocupaciones regulares”.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha solicitado también al Gobierno de Aragón que abra un expediente sancionador al consistorio turolense por contratar este espectáculo, que supondría también una infracción grave de ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. En referencia al artículo 85 de esta normativa aragonesa (la Ley 5/2019), estos hechos son constitutivos de una infracción grave en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, según apunta el ministerio en un comunicado.

“Las leyes hay que cumplirlas y, sin embargo, el Ayuntamiento de Teruel las está obviando por segundo año consecutivo con la celebración de este espectáculo”, ha señalado Jesús Martín, que ha indicado que la mayor parte de las personas que trabajan en estos espectáculos son extranjeras, una condición que, según ha dicho, les hace más vulnerables y es aprovechada por quienes les contratan. “Vinieron a nuestro país a buscar una vida mejor y les ponen en una plaza pública para reírse de sus cuerpos. Esto es algo que no podemos permitir”, ha declarado.

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