Los grupos del Parlament tienen hasta el 26 de agosto para encontrar un presidente de la Generalitat y, si no lo logran, la cita con las urnas se repetirá el 13 de octubre. El cronómetro lo activó este miércoles el presidente de la Cámara, Josep Rull (Junts), dando lustre a la lectura de una resolución en la que explica que la ronda de contactos fue estéril, si bien dos candidatos —el socialista Salvador Illa y el fundador de Junts, Carles Puigdemont, aunque no hay mayoría independentista— le han transmitido su intención de tejer una mayoría en las ocho semanas que quedan. El pleno no solo escenificó la cuenta atrás sobre el futuro de la legislatura, sino que también mostró el nivel de dificultad del sudoku que le espera a un eventual pacto entre el PSC, Esquerra y Comuns, con al menos cinco variables que condicionan el camino.
La negociación se presenta endiablada y enormemente compleja: ERC, que reivindica el referéndum y una financiación al estilo del concierto vasco, ya ha advertido que sus bases no se conformarán con cualquier cosa. El PSC se topa con una doble dificultad: que tiene ante sí una dirección de Esquerra que es ahora provisional —celebrará su congreso en noviembre— y sus propuestas dependen en buena medida del visto bueno del Gobierno. Todo ello, además, con la presión del reloj electoral y con los de Junts cuestionando cualquier avance de los contactos entre PSC y ERC. Fuentes del Gobierno no ocultan su pesimismo ante esas reivindicaciones y temen que los republicanos acaben siendo prisioneros del relato de Junts y que todo lo que se les ofrezcan, dicen, les sepa a poco.
La historia volvió a repetirse y Rull recurrió a la fórmula de acto equivalente a un debate de investidura frustrado. Ya lo había hecho Roger Torrent, en 2020, tras la inhabilitación de Quim Torra, provocando así que celebraran las elecciones del 21 de febrero de 2021. Rull decidió, igual que su antecesor, dar cuenta de ello en un pleno que sirvió para calibrar los ánimos a una investidura aún incierta y que necesitará de una cocción a fuego lento durante todo el verano. “Después de haber cerrado la ronda de consultas, ninguno de los grupos parlamentarios ha planteado un candidato a someterse a la investidura en el plazo oficial de 10 días”, informó Rull. “Asimismo, dos de estos grupos parlamentarios si han trasladado su voluntad de construir un acuerdo para hacer posible al largo de los próximos dos meses”, añadió el exconsejero de Territorio, condenado e indultado tras el juicio al procés, refiriéndose a Illa y a Puigdemont.
La campaña de Junts para imponer su marco mental será otra de las variables. Desde las filas de Junts, su presidente, Albert Batet, insistió en que aritméticamente la investidura del expresident pendiente de volver en el marco de la amnistía es viable. Obvió, como desde el primer día, que esa fórmula pasa por la voltereta de que el PSC, ganador de las elecciones, se abstenga al menos en segunda vuelta de un debate de investidura y así Puigdemont salga investido con los 35 votos de Junts, los 20 de los republicanos y los cuatro de los anticapitalistas. Illa ha dicho mil veces ya que eso no sucederá. El independentismo replica que también dijo lo mismo sobre la amnistía.
“El nuevo Govern, de hecho, debería de permitir desarrollar con el máximo de potencialidad el acuerdo de Bruselas [el de investidura, suscrito entre Junts y el PSOE]. La esencia de este acuerdo permite que muchos partidos se puedan sentir cómodos, entendemos que también el PSC”, insistió Batet. Junts responde a cualquier cuestionamiento sobre sus planes recordando que hasta el propio Pedro Sánchez es jefe del Gobierno pese a no haber ganado las elecciones, aunque omite deliberadamente que jamás le pidió al PP, el partido más votado, que se abstuviera. Y ayer, también, Batet recordó que Illa había repetido en varias ocasiones que la amnistía, ya en vigor, sería imposible.
Sin embargo, ayer todos los oídos estaban en los que socialistas y republicanos se pudieran decir. Dos elementos más para el sudoku: la situación interna de ERC y la gran duda de qué harán sus bases. Illa redobló su apuesta por un pacto de izquierdas: “Yo quiero un pacto progresista. O pacto progresista o repetición electoral. No hay más opciones, así son las cosas, gusten o no”. El socialista catalán cuenta con 42 votos; ERC tiene 20 escaños y los comunes, seis. Una suma de 68, idéntica a la mayoría absoluta de la Cámara pero que está aún lejos de poder darse por hecha.
El jefe de filas de ERC, Josep Maria Jové, culpó a Illa y a Junts de “irresponsables” por no haberse sometido a una sesión fallida como sí lo hizo en 2021 Aragonès. Jové repitió las que han sido sus condiciones desde el minuto cero en que se abrieron las negociaciones que, ahora, ya si tienen un límite temporal de ocho semanas. “Resolución del conflicto político con ejercicio al derecho de la autodeterminación; financiación singular, que quiere decir soberanía fiscal y el refuerzo de la realidad nacional con el catalán y políticas contra las desigualdades”, desgranó el republicano en su turno de intervención.
Pero las peticiones de Jové, sin embargo, no recibieron respuesta por parte de Illa. En especial, la de la condición del concierto económico a la vasca para Cataluña, aunque con una aportación adicional a un fondo de solidaridad interterritorial que antes del 12-M propuso el entonces president Aragonès, ahora en funciones. “Quiero un pacto para mejorar con tanta determinación como toque y con realismo la financiación de Cataluña”, aseguró el socialista en su intervención.
Desde hace días que en ERC piden a los socialistas que sean concretos con sus propuestas, pues la dirección de los republicanos se ha comprometido a hacer una consulta interna sobre un posible acuerdo y de momento no recibe más que vaguedades por parte tanto de Illa como de las primeras espadas del Gobierno. En estas ocho semanas, uno de los retos en las filas de los republicanos será acompasar precisamente el desenlace de su pugna interna por el liderazgo de la formación e intentar alinear unas bases que intentan encajar la ruptura del tándem Oriol Junqueras y Marta Rovira y tradicionalmente alérgicas a pactar con los socialistas. Esta última comanda desde Suiza las negociaciones para la investidura.
La dificultad del PSC para ofrecer una propuesta real sería el quinto elemento. La vicepresidenta María Jesús Montero avisó este miércoles a ERC que bajo ningún concepto concederán el concierto y fuentes del Gobierno lanzan sombras sobre el futuro de la negociación. El Gobierno aprobó este martes el real decreto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas con la cifra más alta de la historia. Cataluña recibirá 25.645 millones de euros durante este ejercicio, un 9,4% más que en 2023, un porcentaje similar al de la Comunidad Valenciana.
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