El conocido como “paquete de Invierno”, contiene una nueva ola de directivas energéticas que defienden la importancia del empoderamiento ciudadano, acuñando el concepto de “ciudadanía energética”. Y si las directivas lo hacen, no es por capricho. La democratización de la energía significa que la confianza se incruste en la relación entre el consumidor y el sector eléctrico. Pero eso necesita de una arquitectura, de unas normas y de un funcionamiento distinto del sector. No se trata de señalar a nadie. Es imprescindible definir reglas, y por supuesto, un marco de retribución, que dé respuesta a las necesidades del momento.
En los últimos años muchos han hecho autoconsumo, un autoconsumo que ha sido y es fuente de ahorro energético, de menores costes en distribución y de mayor empoderamiento ciudadano. Los pioneros y pioneras han ido más allá, impulsando el autoconsumo colectivo, y es que en los próximos años, una vez las viviendas unifamiliares han impulsado su autoconsumo, una vez que muchas industrias que tenían tejado ya han puesto sus placas, la clave estará en que las cubiertas de los polígonos logísticos se relacionen con el sector industrial, el sector doméstico y el sector servicios.
Más allá de adecuar protocolos, mejorar la legislación, y copiar lo que funciona en Portugal (como el gestor del autoconsumo colectivo), el elemento clave va a estar en la proactividad de las distribuidoras. Sin este actor de cara, va a ser muy difícil un escenario participado, distribuido, democrático, y donde la ciudadanía sea protagonista.
Si abrimos más el foco podemos coincidir que hoy, el vector de la transición energética no está en los carburantes o en modelos exclusivamente centralizados de generación eléctrica. Hoy, en un escenario de emergencia climática y de vulnerabilidad continental, la clave está en tener, sol, viento, biomasa y territorio; y especialmente en adaptar la gestión de la demanda (el consumidor) a la generación y no a la inversa. Y para ello se necesita gestión.
Es en este contexto la península ibérica dónde comparten mercado España y Portugal, y es cuasi-isla energética, es la que hoy lidera a escala continental el desarrollo renovable. Podríamos decir que en el despliegue de renovables la nota es de notable alto. Pero de la misma manera que hemos sacado buena nota en el despliegue de renovables, la nota en electrificación, particularmente de la movilidad o de los consumos térmicos, es de suspenso. El problema está en que la condición de cuasi-isla energética, la mayor generación renovable no nos sirve para exportar, pero tampoco es aprovechada cuando la mayor parte de nuestros consumos térmicos o nuestra movilidad depende de los combustibles fósiles.
El camino de la electrificación no es inmediato. Necesitamos señales de precios que desplacen los consumos eléctricos de los momentos de mayor consumo y menor generación fotovoltaica (amaneceres y atardeceres) hacia las hora centrales del día. Se requieren estrategias más agresivas y eficaces en el impulso de la electromovilidad. Y es clave un desarrollo masivo del almacenamiento, con grandes proyectos de almacenaje, con pequeñas baterías detrás del contador, pero también con modelos de almacenamiento distribuido, en comunidades de propietarios, en pueblos o barrios, donde las PYMES, la ciudadanía o los entes locales puedan participar en la adquisición de dichos activos, haciendo que se pueda acumular la energía cuando esta es abundante y no consumida para después recolocarla cuando hay más demanda y hay menos generación.
Por no hablar de abrir de una vez por todas los mercados de flexibilidad y agregación, permitiendo que los consumidores que puedan aportar flexibilidad, y por tanto poder consumir o dejar de consumir sean retribuidos por ello, con pago en los mercados de primaria y de secundaria, o con la aparición de “VPP”, virtual power plants, que hace que miles de baterías, distribuidas en la red, puedan, como pasa en algunos países de Centroeuropa, aportar electricidad y respaldo en cuestión de segundos, para más tarde volver a almacenar o consumir cuando al sistema le interesa.
En cualquier caso, todo lo descrito necesita de algo muy elemental y básico: la red eléctrica. Una red de transporte, pero particularmente una red de distribución, que no sólo sea robusta, sino que sea digital, bidireccional, transparente y operativa. Esta red, necesita por tanto no solo cable, sino inversión en digitalización, y su gestor, requiere de equipos, sistemas, pero también protocolos, y en muchos casos interacción para dar respuesta a esa interlocución con los usuarios.
La CNMC ha abierto un periodo de exposición pública en los próximos días en torno a cómo debe ser la retribución de las distribuidoras para garantizar el suministro. El propio Gobierno ha abierto la exposición pública en torno a cuál debe ser el límite a la inversión de las distribuidoras y como garantizar que esa inversión se realiza. Estos días las empresas distribuidoras están haciendo y preparando alegaciones sobre cómo deben ser retribuidas. No hay nada más relevante para el futuro de la economía española, para la transición energética y para la lucha del cambio climático, que la manera de operar —y por tanto de ser retribuidas— de las empresas de distribución eléctrica.
Así, será fundamental que lo que prime sea el servicio que se presta, la interacción con la “ciudadanía energética” —término acuñado por las directivas, la efectiva separación de las actividades comercialización y la generación de los grupos con teórica no integración de actividades, la diligencia en la legalización de los autoconsumos colectivos, las herramientas y protocolos en favor de la agregación de consumos y los mercados de flexibilidad. Si hasta ahora la ciudadanía tenía derecho a consumir, hoy se debe garantizar el derecho a producir y verter.
Es muy repetida aquella frase que el diablo está en los detalles. Romanones lo decía a su manera: “Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos”. Los abajo firmantes creemos que no hay vector de cambio más profundo que el escenario energético en el que se encuentra hoy inmerso España. Y a su vez, la transición energética no será posible, o no lo será de una forma decidida, participada y democrática sin un papel y un rol activo, propositivo y no limitante de las distribuidoras. Para que ello sea así hay pocas cosas tan relevantes como su marco retributivo, cobrando o dejando de cobrar en función de los nuevos servicios que deben prestar en la aceleración de la electrificación, distribuida, participada y democrática.
Raquel Paule, Alianza por el Autoconsumo, Patricia Reche, Presidenta de la AMEP y Joan Herrera, abogado, socio de SAMSO.ECO.
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